Esta petición al juez de la Audiencia Nacional surge a raíz de la declaración que prestó el pasado martes Cabanillas señalando que Carlos G., al que se ordenó investigar el chivatazo, trató de borrar una conversación captada por la baliza de sonido que el dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, llevaba oculta en su coche y en la que contaba a su yerno que un policía le había dado un teléfono y otro le advirtió de la operación.
"La gravedad de estas manifestaciones", indica el escrito, hizo que el juez citara a declarar al comisario general de Información, Telesforo Rubio, que desdijo a Cabanillas y aseguró que a él "nunca se le informó" de que Carlos G. tratara de borrar el contenido de la baliza "y que si lo hubiera sabido lo hubiera denunciado".
A juicio de la asociación, "son muchas las contradicciones que existen entre las declaraciones testificales" de estos funcionarios policiales y "es necesario que sean resueltas" por medio de un careo.
Llamada del juez
A estas contradicciones, el escrito añade además que Cabanillas manifestó que Carlos G. mostró sus reticencias a la operación contra el aparato de extorsión a partir de una llamada del entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, al que ahora sustituye Ruz, cuando el magistrado se encontraba en comisión de servicios en EE UU.
La llamada se produjo, según Dignidad y Justicia, en el despacho del juez Fernando Grande-Marlaska (que se hizo cargo del Juzgado de Garzón durante su estancia en Nueva York) cuando dirigía la operación contra el aparato de extorsión que iba a desarrollarse el 4 de mayo de 2006 y que se frustró con el chivatazo.
Esta declaración, indica el escrito, también entra en contradicción con lo declarado el 17 de febrero de 2010 por Carlos G. cuando sostuvo que "la operación partió de él y que él mismo nunca podía estar en desacuerdo con la misma porque él fue quien la propuso y se peleó con el responsable del operativo en Francia por su negativa a detener a Joseba Elosua" y al etarra José Antonio Cau Aldanur en Francia.
A este respecto, la asociación destaca que Cabanillas manifestó también que Carlos G. "tuvo mucho interés en hacerse con la investigación sobre el chivatazo" y que no quería que lo investigara la Guardia Civil porque "le daba pánico".
Subraya además, siempre según lo declarado por Cabanillas y otros funcionarios policiales, que Carlos G. retiró a los agentes del Área de Especial Seguimiento (AES) de la Comisaría General de Información que tenían encomendado el control y vigilancia de las cámaras puestas en las dos entradas del Faisán para poner "sus medidas de vigilancia".
Por ello, Dignidad y Justicia solicita también a Ruz que identifique a la totalidad de los funcionarios pertenecientes al AES y les cite a declarar como testigos para que expliquen cómo estaba montado el dispositivo de vigilancia sobre Elosua.
En concreto, si había cámaras en el domicilio de Elosua, cuántas vigilaban el Faisán y sus entradas, su ubicación y quiénes se encargaban de la custodia de esas grabaciones, así como la fecha de inicio y fin de tales funciones de vigilancia y por qué fueron retirados de las mismas.
Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)
martes, 15 de febrero de 2011
Dignidad y Justicia pide un careo para aclarar las "contradicciones" del chivatazo.
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