Los guardias civiles saldrán a la calle antes del 20-N para reivindicar sus derechos.

El pasado 14 de julio el Pleno del Congreso de los Diputados aprobaba definitivamente y por unanimidad el proyecto de Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Una ley que ha sido interpretada por la ministra de Defensa, Carme Chacón, como un absoluto triunfo de todas las fuerzas sociales y políticas, pero que en realidad, al margen de los partidos, a pocos ha contentado en su globalidad.

La mayor parte de las asociaciones militares y muchos de los miembros de las Fuerzas Armadas mostraron, desde el principio, sus reticencias a un texto conformado en los altos estamentos castrenses, al margen de los intereses e inquietudes de los soldados de a pie. “Hoy nuestros militares son igual de profesionales que ayer pero son más ciudadanos”, aseguró Chacón, que, así, ponía punto y final a una ley pergeñada a su imagen y semejanza, pero que esconde trampas similares a otra de las grandes leyes conformadas durante la época socialista: la Ley de la Carrera Militar, algunos de cuyos puntos están recurridos en el Tribunal Constitucional.

El punto más polémico ha sido y es el del derecho de reunión y manifestación de los militares. El texto definitivo establece que los miembros de las Fuerzas Armadas “vistiendo el uniforme o haciendo uso de su condición militar, no podrán organizar, participar ni asistir en lugares de tránsito público a manifestaciones o a reuniones de carácter político, sindical o reivindicativo”.

“Iremos a por todas”

Una regulación que afecta también a la Guardia Civil y que ha sido, en este caso, la gota que ha colmado un vaso, ya lleno de demasiadas protestas, entre otras cosas, porque cercena un derecho, el de manifestación, del que ya disfrutaba la Benemérita a partir de la ley orgánica de 2007, que queda anulada.

“Ante la prohibición, manifestación”. Con este espíritu, las principales asociaciones de la Guardia Civil se reunirán el próximo miércoles para acordar los pasos a seguir ante lo que consideran un recorte de derechos que no tiene justificación. La Unión de Guardias Civiles (UGC) considera que se prohíbe un derecho “por la puerta de atrás” y que ante este evidente recorte “vamos a intentar implicar a toda la sociedad”.

No sólo la calle marcará el ámbito y será el marco de las reivindicaciones porque las asociaciones seguirán una segunda vía, que será la de los tribunales, en este ámbito “iremos a por todas”. La Asociación Unificada de Guardias Civiles reconoce que no hay todavía fechas previstas ni fijadas, pero en todo caso la manifestación, lógicamente, será antes de las próximas elecciones generales. “En principio, la fecha acordada fue la del 1 de octubre porque ese día entraba en vigor la correspondiente ley orgánica, pero los acontecimientos se precipitaron y, ahora, también nosotros debemos someternos al nuevo escenario”. La realidad, según denuncian, es que la Guardia Civil está viviendo una etapa de tremenda “brutalidad”, caracterizada por la “persecución” a la que han sido sometidos por lo que llaman la “herencia Rubalcaba”.

“La mejor fórmula para no dar es prohibir la libertad de pedir y ante eso no sólo vamos a actuar a través de la manifestación sino también con el recurso de anticonstitucionalidad”.



Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)