La presentación de una candidatura impone a quienes demandan el voto ciudadano dos exigencias: la primera, exponer quiénes somos y cuáles son nuestros postulados ideológicos y políticos; la segunda, cuáles son las razones para depositar en nosotros la confianza de los posibles votantes.
El cumplimiento de estas dos exigencias centrará esta exposición, poniendo de manifiesto lo que podríamos denominar el marco general de nuestro Movimiento en su actividad política y social. Es este marco general el que nos interesa resaltar, ya que del mismo derivan las propuestas contenidas en nuestro Programa para estas elecciones, que, por otro lado, los grandes Partidos mayoritarios han afrontado en clave de preparación para las próximas elecciones generales.
Pues bien, con respecto al referido marco general, empezaremos por establecer quiénes somos. La respuesta es que Alianza Nacional es un Movimiento Social patriota, racialista y socialista. Esto significa que entendemos que la Nación –en cuanto Comunidad Política, Comunidad Cultural y de Sangre y Comunidad Social y Popular- es un bien superior al que deben subordinarse los demás bienes así como los intereses individuales, de grupo o de clase.
En la definición anteriormente expuesta se contienen los tres pilares básicos de nuestro Ideario, a saber: nacionalismo, racialismo y socialismo.
El nacionalismo es básicamente la doctrina política que postula la reivindicación de la Nación como bien superior en la vida de los hombres y de los pueblos.
La Nación es una entidad con personalidad histórica, cultural y antropológica, que está sujeta a un devenir histórico propio. Es a la vez Comunidad histórica, política, cultural y racial, en la que se anudan las generaciones pasadas, presentes y futuras. Se trata, por tanto, de un sujeto colectivo con una andadura propia tanto en su pasado histórico como en su porvenir.
La Nación goza de personalidad jurídico-política en el marco de la Comunidad Internacional. Es, en consecuencia, un sujeto de Derecho Internacional.
Las naciones, conforme a la concepción joseantoniana, no son contratos sino fundaciones. Lo que quiere decir que no están sujetas a la voluntad de unas supuestas partes contratantes, sino a lo que podría denominarse su Carta fundacional. En definitiva, son irrevocables, sin que quepa derecho alguno a la autodeterminación o la secesión por parte de cualquiera de los pueblos o territorios que la integran.
Las naciones son la obra y el legado de generación tras generación, sin que esté legitimada ninguna de ellas para malbaratar esa obra ingente.
La Nación española es la Unidad histórica, política, cultural y racial de todos los españoles, en cuyo seno se integran los diferentes pueblos, reinos, territorios y señoríos hispánicos.
La Patria es la entidad a la vez histórica e ideal –cuerpo y alma-, que integra la Comunidad Nacional –los pueblos, reinos y señoríos que forman parte de ésta-, la Tradición –la herencia material y moral- y la Idea –que guía la misión histórica-. Parafraseando a los teóricos tradicionalistas, podemos declarar que “las Españas son, históricamente, los pueblos, señoríos y reinos que han cumplido un mismo destino histórico; e, ideológicamente, la misión histórica que ha guiado ese destino.”
España es la patria común e indivisible de todos los españoles.
El racialismo –término acuñado por los teóricos neofascistas franceses en los años 60 y 70- es la doctrina que preconiza que la Raza es uno de los pilares básicos de la Nación. La que da a ésta su naturaleza antropológica.
Es imperativo, por tanto, preservar la identidad racial evitando cualquier adulteración de la naturaleza antropológica de la Nación. Por ello, constituye un principio ideológico fundamental –derivado de una exigencia del Derecho Nacional- establecer como fuente primordial de la nacionalidad el ius sanguinis, el derecho de sangre, esto es, que la nacionalidad está reservada a las estirpes y linajes que han ido conformando la Nación como Comunidad de Sangre.
El socialismo es la doctrina política que propugna la primacía de la Comunidad Popular sobre el individuo, esto es, que defiende la superioridad del Bien Común sobre los intereses particulares, sea de individuos, de grupos o de clases.
Corresponde a la Comunidad Popular velar por la conjugación del interés público con los legítimos intereses privados. A ella corresponde la titularidad de la Soberanía social, que ejercerá como equilibrio frente al Poder político a través de los cuerpos sociales intermedios –la familia, el municipio, el sindicato, las organizaciones gremiales, las corporaciones profesionales-. Es, igualmente, titular de las propiedades comunales.
El Estado, definido como la Nación jurídica y políticamente organizada, encarna el Poder político, que ejercerá al servicio de aquélla en cuanto Comunidad Política, Comunidad Cultural y de Sangre y Comunidad Popular.
A él corresponde la Defensa Nacional, la Seguridad exterior e interior, la Inteligencia, la organización y mando de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad nacionales, las Relaciones Exteriores, la Diplomacia, la Administración de Justicia, los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, la rectoría de la Economía Nacional, la política económica, industrial, agrícola y ganadera, la regulación del Comercio exterior e interior, la política fiscal, la Hacienda Pública, la Sanidad, la Seguridad Social, la Educación Nacional y la Política Social –esto es, la redistribución de la riqueza, la promoción intelectual y social de los más desfavorecidos, el incremento de las rentas familiares-.
El Estado es titular de los sectores económicos fundamentales y de las industrias estratégicas, cuya actividad ejercerá por medio de Empresas nacionales o mediante concesiones administrativas bajo control riguroso.
Es asimismo titular último del Solar patrio, de sus tierras, montes, ríos, bosques, mares territoriales y de su espacio aéreo. Sin embargo, la propiedad, administración y herencia de tierras por particulares será legalmente acogida, aunque vinculada a la vida campesina y a la explotación racional de las mismas. Este derecho se reconocerá y tutelará porque la unión del campesinado con la tierra ha sido históricamente la base de la Comunidad de Sangre, la dualidad de Sangre y Suelo. Sin embargo, pertenece al Estado el derecho de confiscación y redistribución de la tierra, en el caso de no ser administrada debidamente. En ningún caso, podrá un extranjero acceder a la propiedad de la tierra.
Para cumplir tan elevado servicio, es preciso devolver al Estado su concepción romana, que el Fascismo sintetiza en la frase acuñada por uno de sus teóricos, Gentile :”Nada sobre el Estado, nada fuera del Estado, nada en contra del Estado.” En definitiva, defendemos el Estado Totalitario.
Estos tres pilares ideológicos se basan en otro: el humanismo, que busca el desarrollo pleno de la personalidad humana en todas las áreas –la Ciencia, la Moral, las Artes, la Milicia-. Se trata de un humanismo clásico, que exalta el esfuerzo, la abnegación, el sacrificio, el altruismo, la generosidad, en definitiva, las virtudes heroicas, la religiosidad y el patriotismo.
Expuestos los anteriores postulados ideológicos, queda por analizar la situación actual de nuestra patria.
España se encuentra hoy postrada en su propio solar. Es víctima de una clase política infame, de unos medios de comunicación, que son en realidad medios de manipulación social y de intoxicación informativa, y de unos centros financieros depredadores.
Desde la muerte de Franco en 1975, se ha encaramado al Poder una clase política de traidores, ladrones, corruptos e inútiles, que han ido socavando la unidad político-jurídica de la Nación. Las Autonomías, además de constituir una sangría económica, necesaria para mantener diecisiete mini-Estados, es una amenaza real para la unidad nacional. Los Estatutos autonómicos que se están modificando –véanse no sólo el de Cataluña sino los de la Comunidad Valenciana y Andalucía- cuestionan la concepción de España como nación, al atribuir a esas Comunidades el rango de entidades nacionales o de nación directamente, como es el caso del Estatuto catalán. Las competencias del Estado se están transfiriendo en materias tan sensibles como Seguridad Interior –con la creación de Policías Autonómicas en Cataluña y Vascongadas-, Educación –creando modelos educativos con contenidos antiespañoles-, Sanidad y, finalmente, en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, Seguridad Social, poniendo en riesgo la Caja Unica.
Todo ello, conduce a largo plazo a la desmembración de la Nación y, a medio plazo, a su dislocación. Un Estado de las Autonomías asimétrico y con un Poder Central cada vez más endeble. Y, desde luego, una conciencia nacional española rota.
Cabe preguntarse a qué obedece esta línea de gobierno. La respuesta es la absoluta falta de patriotismo en la clase política actual en todos los partidos parlamentarios. La frase de Zapatero de que “la nación es un concepto discutido y discutible” la piensan el resto de los políticos españoles de la Democracia aunque no la digan. Sólo así se entienden las concesiones hechas a los separatistas –que no nacionalistas, puesto que no son una nación- vascos y catalanes del PNV y de Convergencia y Unión por parte de los diferentes Gobiernos del PSOE y del PP. Según manifestó Xavier Arzallus, Aznar concedió en un año al Gobierno Vasco más transferencias que Felipe González en trece años de mandato. Y, en el caso de Cataluña, sacrificó al Presidente del Partido Popular en esa Comunidad, Aleix Vidal-Quadra, a petición de Jordi Pujol, para obtener el apoyo de la minoría catalana en su votación de Investidura. Si los dos grandes partidos, Socialista y Popular, hubiesen tenido la voluntad política necesaria, habrían modificado la Ley Electoral impidiendo los manejos de las minorías vasca y catalana. Pero no lo quieren así, con lo que es preciso negociar la estabilidad al frente del Gobierno de la Nación haciendo concesiones sobre la articulación nacional. Pero es el tributo que hay que pagar a esas minorías separatistas por su antifranquismo de salón. Otra de las ventajas que para la clase política tienen las Autonomías es que sirven para premiar a los paniaguados de los respectivos partidos políticos. Hay mucho amiguete al que colocar con la garantía de sueldos desorbitados y pensiones vitalicias. Y esto sin contar con los negocios, informaciones privilegiadas y enjuagues de todo tipo. Las Autonomías han llevado a la riqueza a sinvergüenzas como Bono, Pujol, Chaves, Camps o tantos otros, que siempre tienen el argumento de que han heredado ellos o sus esposas. Por otro lado, las Autonomías dan mucho juego. ¿Cómo si no iba esa estúpida de Bibiana Aido, la que creó el término de “miembra”, a colocar a su chulo como “embajador de la Junta de Andalucía en Madrid”, con un sueldo de tres mil euros al mes? Y digo chulo porque así se denomina al que recibe una retribución económica por sus favores. Lo debe valer el chaval por el precio que le pagan.
Si, a grandes rasgos, éste es el estado de cosas respecto a la unidad nacional y a la articulación del Estado, es igualmente grave, y hasta peor, con respecto a la identidad cultural y racial.
En efecto, desde la década de los 90 a la actualidad, estamos asistiendo a un fenómeno nuevo y altamente nocivo, la Inmigración masiva. Se trata de una invasión lenta, pero continua e inexorable, que se ha convertido en el mayor peligro para la Identidad de las naciones europeas. De hecho, hasta los políticos del Sistema han empezado a buscar soluciones a esta amenaza tanto en Europa como en otras democracias occidentales. El fenómeno de la inmigración extraeuropea se ha colado en las agendas de las reuniones de alto nivel de los Gobiernos y Departamentos ministeriales europeos, porque los informes de los expertos han puesto de relieve los peligros de aquél.
Recientemente, en Alemania, el CDU de Angela Merkel –partido político en el Poder-, de inspiración demócrata-cristiana, ha reconocido, en el Congreso Nacional de las Juventudes del Partido, el fracaso de la política de integración de los inmigrantes, política en la que, según palabras de la propia Canciller, se habían empeñado las diferentes fuerzas políticas del Sistema, esforzándose vanamente en creer que daría resultados positivos y forzando a la opinión pública alemana a secundarla.
Los inmigrantes venidos de fuera de Europa y ajenos a nuestra Cultura y a nuestro genio racial no se integran nunca. Todo lo contrario, forman ghettos y contribuyen al aumento de la delincuencia y al deterioro de nuestra Sociedad, fracturándola. Los gravísimos disturbios ocurridos en Francia en 2005, protagonizados por jóvenes argelinos, inmigrantes de tercera generación que gozan de la nacionalidad francesa, así lo demuestran. En el Reino Unido, se producen intermitentemente disturbios similares, al igual que ha ocurrido en Italia. Por lo que respecta a nuestra patria, los desórdenes públicos de Salt y de otros municipios, nos avisan de aquellos peligros.
Por otra parte, en una situación de paro como la actual, en la que el propio Presidente del BBVA, en una recientísima intervención, corrigió las cifras oficiales, elevando el número de parados en nuestro País a cuatro millones setecientos mil –hoy, las propias cifras oficiales de la Encuesta de Población Activa ya alcanzan los cuatro millones novecientos trece mil parados-, resulta hiriente que haya inmigrantes ocupando un puesto de trabajo mientras sufren el desempleo millones de españoles. La ecuación es simple: si hay casi cinco millones de parados, que se repatríe a cinco millones de inmigrantes.
Pero es más, la pura lógica nos lleva a rechazar la integración, incluso si fuera posible, en aras de la defensa de nuestra Identidad nacional, cultural y racial.
En efecto, el arraigo en nuestro Suelo de población foránea, proveniente de Africa, Asia o América, constituye, en el orden racial, una amenaza real y previsible a nuestra sustancia antropológica, que conducirá, a medio y largo plazo, a una adulteración de ésta. En definitiva, a una mixtificación de nuestra naturaleza antropológica y racial. La alta tasa de natalidad de la población inmigrante, unida a la constante llegada de éstos y a la bajísima natalidad española, llevan irremediablemente a que los españoles terminemos siendo, a lo sumo, la minoría mayoritaria en nuestra patria. Algo semejante a lo que le ha ocurrido a la población anglosajona en los Estados Unidos.
En el orden cultural, el establecimiento en España de población no cristiana en general, y musulmana en especial, constituye una aberración histórica y un crimen contra lo que aquélla significa.
El inicio de la plenitud histórica de España se produce con el Descubrimiento del Nuevo Mundo, un 12 de Octubre –del año 1492-, cuando el vigía Rodrigo de Triana, marinero de la nao Santa María –que mandaba Cristóbal Colón-, divisó la primera tierra del Continente americano. Esta gesta histórica tenía lugar tras la culminación de una epopeya de setecientos ochenta y un años, casi ocho siglos, que fue la Reconquista, que era a la vez la instauración de la Unidad de los Reinos hispanos, el triunfo del Catolicismo y de la Romanidad y el imperio de nuestra Raza y la consiguiente expulsión de una raza intrusa.
Permitir, transcurridos más de quinientos años desde aquel 2 de enero de 1492 –fecha en que se pone fin a la Reconquista, con la entrada de los Reyes Católicos en Granada-, un nuevo establecimiento en nuestro territorio de población islámica es una aberración histórica, intelectual y moral. Es tolerar una amenaza real para nuestra Raza y para la Catolicidad y la Romanidad, que constituyen dos pilares básicos de la Cultura española. Es atentar, en definitiva, contra la idea misma de España.
La defensa de nuestra Identidad es un deber sagrado. En consecuencia, todo patriota español está comprometido en esa tarea.
Finalmente, la situación de nuestro Pueblo como Comunidad Social es preocupante. A la tasa de paro, que supera ya el 20% de la población activa –en Provincias como Cádiz o Málaga ya alcanza el 30%-, hay que añadir el cierre de empresas y la destrucción masiva de puestos de trabajo desde que comenzó la crisis económica, cuya realidad negó Zapatero obstinadamente desde 2008, para, posteriormente, hablar de “desaceleración” y, al final, admitirla pero asegurando que nos encontrábamos en mejor situación que el resto de la Unión Europea para afrontarla. Hoy sabemos que quedaremos descolgados de los países importantes de la Unión. El Fondo Monetario Internacional señala que en España, Portugal y Grecia, habrá una generación perdida por la falta crónica de empleo.
Esta crisis económica ha supuesto la desaparición de un millón de pequeñas y medianas empresas. Cada día cierran en España trescientos pequeños negocios. Las cifras de cierre de pequeños comercios, referidas al primer trimestre de 2010, arrojan un total de veinte mil de éstos –tan sólo entre el l de enero y el 31 de marzo del pasado año-. Este cierre supuso la destrucción de cuarenta y cuatro mil puestos de trabajo.
Por otro lado, la reducción de la actividad empresarial y económica ha acarreado la consiguiente merma del consumo interior y, en consecuencia, de la liquidez del Estado. Para afrontar esta falta de liquidez, el Gobierno de Zapatero, después de derrochar el dinero público a manos llenas, acude ahora a las privatizaciones, como la que se prepara en AENA. De esta manera, se va liquidando el patrimonio estatal construido con el esfuerzo de todos los españoles. Sin embargo, esto no ha sido obstáculo para seguir regalando dinero del Erario público, como es, entre otros casos, el donado a Túnez tras las revueltas políticas recientes.
Otra de las consecuencias de la mala gestión de la crisis es nuestra subordinación internacional. Es de todos sabido que el reconocimiento de la existencia de la crisis, por parte del Gobierno de Rodríguez Zapatero, se debió a las exigencias de adopción de medidas efectuadas por el Presidente de los Estados Unidos y por el Gobierno chino, que trataban de proteger a los inversores en deuda pública española de sus respectivos países. Esa mala gestión de nuestro Gobierno nos ha conducido a someter nuestras cuentas, nuestra economía y nuestras políticas a la supervisión de los Organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial) así como a las directrices del Gobierno alemán. El temor a un posible rescate de nuestra economía ha hecho que Zapatero claudique ante Angela Merkel, habida cuenta que es Alemania la que facilita la mayor parte de los fondos de rescate. Por último, el reciente viaje de Zapatero al Emirato de Qtar hace pensar en que la finalidad de aquél era la obtención de préstamos, con la consiguiente contraprestación de construcción de nuevas mezquitas en España.
Desde el punto de vista social, la crisis ha provocado una mayor diferencia entre ricos y pobres en nuestra patria, lo que puede provocar una ruptura social.
Y, en lo referente al pago del coste de la crisis, éste ha sido cargado por el Gobierno, con la complicidad de la Oposición, sobre las familias españolas, que no son responsables de aquélla. Por el contrario, los Bancos, que recibieron fondos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para otorgar créditos a las empresas, lo aplicaron a fortalecer su estructura financiera, sin que ni Gobierno ni Oposición hayan adoptado medida alguna. La Banca privada ha obtenido unos beneficios escandalosos, que los Presidentes de varios Bancos –entre ellos, el Santander- han proclamado de manera obscena.
Este es el cuadro general de los males que aquejan a nuestra Nación.
En resumen, la clase política de ese engendro, que tan rimbombantemente llaman la Democracia Española, ha puesto a España en almoneda. La Nación y el Estado se venden en subastas y negociaciones con las Finanzas internacionales y con los politicastros interiores, sin que ninguna Autoridad o Institución nacional salgan en su defensa. Quienes vienen obligados a ello, no sólo moralmente sino constitucional y legalmente, han abdicado de su obligación, que no de sus sueldos. El artículo 2 de la Constitución reza así: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…” Pues bien, el mandato que el Texto constitucional impone principalmente al Rey, al Gobierno de la Nación, a los Ejércitos y al Tribunal Constitucional de salvaguardar esa unidad ha sido traicionado por todos ellos.
El Rey no ha salido al paso ni ha dicho una sola palabra cuando se votaba en las Cortes el texto del Estatuto Catalán, que atribuía a Cataluña el rango de nación. Como tampoco se ha manifestado en la reciente situación creada en Melilla por las pretensiones marroquíes. Ni ha formulado manifestación alguna sobre la paulatina desmilitarización de esa Plaza. Silencio traidor que nos recuerda las ingentes cantidades de dinero que el anterior rey marroquí, Hassan II, hizo llegar al Borbón, para su uso propio, al comienzo de su reinado, quizá en compensación por la entrega del Sahara español en 1975, desde que asumió interinamente la Jefatura del Estado por la enfermedad del Generalísimo. Y, en la negociación vergonzosa con ETA, que llevó a cabo el Gobierno de Zapatero en su primer mandato, no se le ocurrió otra cosa que decir que “hablando se entiende la gente”, como si fuera admisible para la dignidad nacional y el honor negociar con una banda separatista criminal.
En realidad, no podía esperarse otra cosa de un perjuro, que, habiendo jurado solemnemente fidelidad a las Leyes Fundamentales del Reino, traicionó el juramento prestado tan pronto murió Franco.
El Gobierno de la Nación está presidido por un canalla que, para justificar la introducción del término nación aplicado a Cataluña en el Proyecto de nuevo Estatuto Catalán, que se debatía en las Cortes, dijo la frase antes citada de que “la nación es un concepto discutido y discutible”.
Además, Zapatero ordenó la negociación con ETA en 2006, que rompió unilateralmente ésta con el atentado de la T-4 en Barajas. Durante el tiempo que duraron las negociaciones, ordenó, a través del Ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, informes falsos a policías lacayos ocultando la realidad de que la banda terrorista se rearmaba mientras estaba vigente la tregua. Y, pese a la experiencia pasada, de nuevo se está negociado con los terroristas. De hecho, los sindicatos de funcionarios de Instituciones penitenciarias han denunciado ante la opinión pública que, por orden del Ministro del Interior, se ha ordenado el traslado de ciento diez presos comunes de cárceles próximas al País Vasco, con destino a otros Centros Penitenciarios más alejados, para dejar sitio a presos etarras que van a ser acercados a las Vascongadas, conforme exige ETA.
En consecuencia, el Gobierno actual no sólo no es un garante de la unidad nacional sino que es uno de sus mayores enemigos.
Las actuales Fuerzas Armadas no son dignas de llamarse los Ejércitos de la Nación. Sus mandos, jefes y oficiales son una colección de eunucos, lameculos y lacayos que anteponen sus sueldos, trienios y ascensos a su deber de salvaguardar la unidad, la integridad y la soberanía de la Nación. Esta es precisamente la razón de ser de los Ejércitos, el servicio a la Patria con las armas ante cualquier enemigo exterior o interior. Su deber hacia la Nación es sagrado conforme a las tradiciones militares y a las Reales Ordenanzas que los regían y que han permitido que sean derogadas. La propia Constitución, en su artículo 8.1, establece que “las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. Los actuales militares carecen de honor y de hombría, y así se han sometido a la imposición de una ministra de Defensa, como Carmen Chacón, que aplaudió las palabras infames de aquel cabrón de Pepe Rubianes, dichas en una televisión pública catalana, de “me cago en la puta España”. Cuando Rubianes fue abucheado por ello en diversas ciudades españolas, Carmen Chacón lució una camiseta con la leyenda “Rubianes somos todos”.
Es evidente que España no puede esperar nada de esos mercenarios.
Finalmente, nos topamos con el Tribunal Constitucional. Cinco años ha necesitado para dictar Sentencia sobre la constitucionalidad del Estatuto Catalán, para al final hacer una chapuza. Pero le han bastado unas horas para permitir que Bildu –tras la que se esconde ETA- se presente a estas elecciones municipales. Las resoluciones del Tribunal Constitucional son como la plastilina, que se pliegan o se estiran según convenga.
Ante esta claudicación de las Magistraturas e Instituciones del Estado, ante la abdicación de sus sagrados deberes, ante la deserción que cometen a diario, la pregunta que cabe hacerse es ¿qué valedores le quedan a España? La respuesta es sencilla: los patriotas españoles, los hijos fieles de la Nación.
No es la primera vez que nuestra patria se encuentra en una situación de abandono semejante. Ya lo estuvo, también bajo la Casa de Borbón, ante las apetencias napoleónicas. Fue entonces cuando, abandonada la Nación en manos de Napoleón por el rey Carlos IV e invadidos nuestros reinos por los Ejércitos franceses, se alzaron en armas los españoles de a pie –hombres, mujeres y niños, soldados y clérigos, las majas y los chulapos, campesinos y gentes de las ciudades, hombres ilustrados y humildes jornaleros, profesores y hasta los presos comunes, que solicitaron incorporarse a las milicias nacionales-, dando comienzo a la gloriosa Guerra de Independencia.
Hoy como ayer, España tiene los mismos valedores, sus hijos fieles, los patriotas. Y aquí radica la segunda cuestión que planteábamos al principio: ¿cuál es la razón para votarnos? La respuesta es la trayectoria de Alianza Nacional, que pone de manifiesto la autenticidad de nuestro compromiso con nuestra Nación, con nuestra Raza y con nuestro Pueblo. Por eso pedimos que confieis en nosotros, en nuestro Movimiento y en nuestros candidatos. No os defraudaremos. Mantendremos nuestra fidelidad a la Madre Patria y a nuestros hermanos españoles.
Nación, Raza, Socialismo.
¡Arriba España!
Secretaría Política de Alianza Nacional
Pues bien, con respecto al referido marco general, empezaremos por establecer quiénes somos. La respuesta es que Alianza Nacional es un Movimiento Social patriota, racialista y socialista. Esto significa que entendemos que la Nación –en cuanto Comunidad Política, Comunidad Cultural y de Sangre y Comunidad Social y Popular- es un bien superior al que deben subordinarse los demás bienes así como los intereses individuales, de grupo o de clase.
En la definición anteriormente expuesta se contienen los tres pilares básicos de nuestro Ideario, a saber: nacionalismo, racialismo y socialismo.
El nacionalismo es básicamente la doctrina política que postula la reivindicación de la Nación como bien superior en la vida de los hombres y de los pueblos.
La Nación es una entidad con personalidad histórica, cultural y antropológica, que está sujeta a un devenir histórico propio. Es a la vez Comunidad histórica, política, cultural y racial, en la que se anudan las generaciones pasadas, presentes y futuras. Se trata, por tanto, de un sujeto colectivo con una andadura propia tanto en su pasado histórico como en su porvenir.
La Nación goza de personalidad jurídico-política en el marco de la Comunidad Internacional. Es, en consecuencia, un sujeto de Derecho Internacional.
Las naciones, conforme a la concepción joseantoniana, no son contratos sino fundaciones. Lo que quiere decir que no están sujetas a la voluntad de unas supuestas partes contratantes, sino a lo que podría denominarse su Carta fundacional. En definitiva, son irrevocables, sin que quepa derecho alguno a la autodeterminación o la secesión por parte de cualquiera de los pueblos o territorios que la integran.
Las naciones son la obra y el legado de generación tras generación, sin que esté legitimada ninguna de ellas para malbaratar esa obra ingente.
La Nación española es la Unidad histórica, política, cultural y racial de todos los españoles, en cuyo seno se integran los diferentes pueblos, reinos, territorios y señoríos hispánicos.
La Patria es la entidad a la vez histórica e ideal –cuerpo y alma-, que integra la Comunidad Nacional –los pueblos, reinos y señoríos que forman parte de ésta-, la Tradición –la herencia material y moral- y la Idea –que guía la misión histórica-. Parafraseando a los teóricos tradicionalistas, podemos declarar que “las Españas son, históricamente, los pueblos, señoríos y reinos que han cumplido un mismo destino histórico; e, ideológicamente, la misión histórica que ha guiado ese destino.”
España es la patria común e indivisible de todos los españoles.
El racialismo –término acuñado por los teóricos neofascistas franceses en los años 60 y 70- es la doctrina que preconiza que la Raza es uno de los pilares básicos de la Nación. La que da a ésta su naturaleza antropológica.
Es imperativo, por tanto, preservar la identidad racial evitando cualquier adulteración de la naturaleza antropológica de la Nación. Por ello, constituye un principio ideológico fundamental –derivado de una exigencia del Derecho Nacional- establecer como fuente primordial de la nacionalidad el ius sanguinis, el derecho de sangre, esto es, que la nacionalidad está reservada a las estirpes y linajes que han ido conformando la Nación como Comunidad de Sangre.
El socialismo es la doctrina política que propugna la primacía de la Comunidad Popular sobre el individuo, esto es, que defiende la superioridad del Bien Común sobre los intereses particulares, sea de individuos, de grupos o de clases.
Corresponde a la Comunidad Popular velar por la conjugación del interés público con los legítimos intereses privados. A ella corresponde la titularidad de la Soberanía social, que ejercerá como equilibrio frente al Poder político a través de los cuerpos sociales intermedios –la familia, el municipio, el sindicato, las organizaciones gremiales, las corporaciones profesionales-. Es, igualmente, titular de las propiedades comunales.
El Estado, definido como la Nación jurídica y políticamente organizada, encarna el Poder político, que ejercerá al servicio de aquélla en cuanto Comunidad Política, Comunidad Cultural y de Sangre y Comunidad Popular.
A él corresponde la Defensa Nacional, la Seguridad exterior e interior, la Inteligencia, la organización y mando de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad nacionales, las Relaciones Exteriores, la Diplomacia, la Administración de Justicia, los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, la rectoría de la Economía Nacional, la política económica, industrial, agrícola y ganadera, la regulación del Comercio exterior e interior, la política fiscal, la Hacienda Pública, la Sanidad, la Seguridad Social, la Educación Nacional y la Política Social –esto es, la redistribución de la riqueza, la promoción intelectual y social de los más desfavorecidos, el incremento de las rentas familiares-.
El Estado es titular de los sectores económicos fundamentales y de las industrias estratégicas, cuya actividad ejercerá por medio de Empresas nacionales o mediante concesiones administrativas bajo control riguroso.
Es asimismo titular último del Solar patrio, de sus tierras, montes, ríos, bosques, mares territoriales y de su espacio aéreo. Sin embargo, la propiedad, administración y herencia de tierras por particulares será legalmente acogida, aunque vinculada a la vida campesina y a la explotación racional de las mismas. Este derecho se reconocerá y tutelará porque la unión del campesinado con la tierra ha sido históricamente la base de la Comunidad de Sangre, la dualidad de Sangre y Suelo. Sin embargo, pertenece al Estado el derecho de confiscación y redistribución de la tierra, en el caso de no ser administrada debidamente. En ningún caso, podrá un extranjero acceder a la propiedad de la tierra.
Para cumplir tan elevado servicio, es preciso devolver al Estado su concepción romana, que el Fascismo sintetiza en la frase acuñada por uno de sus teóricos, Gentile :”Nada sobre el Estado, nada fuera del Estado, nada en contra del Estado.” En definitiva, defendemos el Estado Totalitario.
Estos tres pilares ideológicos se basan en otro: el humanismo, que busca el desarrollo pleno de la personalidad humana en todas las áreas –la Ciencia, la Moral, las Artes, la Milicia-. Se trata de un humanismo clásico, que exalta el esfuerzo, la abnegación, el sacrificio, el altruismo, la generosidad, en definitiva, las virtudes heroicas, la religiosidad y el patriotismo.
Expuestos los anteriores postulados ideológicos, queda por analizar la situación actual de nuestra patria.
España se encuentra hoy postrada en su propio solar. Es víctima de una clase política infame, de unos medios de comunicación, que son en realidad medios de manipulación social y de intoxicación informativa, y de unos centros financieros depredadores.
Desde la muerte de Franco en 1975, se ha encaramado al Poder una clase política de traidores, ladrones, corruptos e inútiles, que han ido socavando la unidad político-jurídica de la Nación. Las Autonomías, además de constituir una sangría económica, necesaria para mantener diecisiete mini-Estados, es una amenaza real para la unidad nacional. Los Estatutos autonómicos que se están modificando –véanse no sólo el de Cataluña sino los de la Comunidad Valenciana y Andalucía- cuestionan la concepción de España como nación, al atribuir a esas Comunidades el rango de entidades nacionales o de nación directamente, como es el caso del Estatuto catalán. Las competencias del Estado se están transfiriendo en materias tan sensibles como Seguridad Interior –con la creación de Policías Autonómicas en Cataluña y Vascongadas-, Educación –creando modelos educativos con contenidos antiespañoles-, Sanidad y, finalmente, en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, Seguridad Social, poniendo en riesgo la Caja Unica.
Todo ello, conduce a largo plazo a la desmembración de la Nación y, a medio plazo, a su dislocación. Un Estado de las Autonomías asimétrico y con un Poder Central cada vez más endeble. Y, desde luego, una conciencia nacional española rota.
Cabe preguntarse a qué obedece esta línea de gobierno. La respuesta es la absoluta falta de patriotismo en la clase política actual en todos los partidos parlamentarios. La frase de Zapatero de que “la nación es un concepto discutido y discutible” la piensan el resto de los políticos españoles de la Democracia aunque no la digan. Sólo así se entienden las concesiones hechas a los separatistas –que no nacionalistas, puesto que no son una nación- vascos y catalanes del PNV y de Convergencia y Unión por parte de los diferentes Gobiernos del PSOE y del PP. Según manifestó Xavier Arzallus, Aznar concedió en un año al Gobierno Vasco más transferencias que Felipe González en trece años de mandato. Y, en el caso de Cataluña, sacrificó al Presidente del Partido Popular en esa Comunidad, Aleix Vidal-Quadra, a petición de Jordi Pujol, para obtener el apoyo de la minoría catalana en su votación de Investidura. Si los dos grandes partidos, Socialista y Popular, hubiesen tenido la voluntad política necesaria, habrían modificado la Ley Electoral impidiendo los manejos de las minorías vasca y catalana. Pero no lo quieren así, con lo que es preciso negociar la estabilidad al frente del Gobierno de la Nación haciendo concesiones sobre la articulación nacional. Pero es el tributo que hay que pagar a esas minorías separatistas por su antifranquismo de salón. Otra de las ventajas que para la clase política tienen las Autonomías es que sirven para premiar a los paniaguados de los respectivos partidos políticos. Hay mucho amiguete al que colocar con la garantía de sueldos desorbitados y pensiones vitalicias. Y esto sin contar con los negocios, informaciones privilegiadas y enjuagues de todo tipo. Las Autonomías han llevado a la riqueza a sinvergüenzas como Bono, Pujol, Chaves, Camps o tantos otros, que siempre tienen el argumento de que han heredado ellos o sus esposas. Por otro lado, las Autonomías dan mucho juego. ¿Cómo si no iba esa estúpida de Bibiana Aido, la que creó el término de “miembra”, a colocar a su chulo como “embajador de la Junta de Andalucía en Madrid”, con un sueldo de tres mil euros al mes? Y digo chulo porque así se denomina al que recibe una retribución económica por sus favores. Lo debe valer el chaval por el precio que le pagan.
Si, a grandes rasgos, éste es el estado de cosas respecto a la unidad nacional y a la articulación del Estado, es igualmente grave, y hasta peor, con respecto a la identidad cultural y racial.
En efecto, desde la década de los 90 a la actualidad, estamos asistiendo a un fenómeno nuevo y altamente nocivo, la Inmigración masiva. Se trata de una invasión lenta, pero continua e inexorable, que se ha convertido en el mayor peligro para la Identidad de las naciones europeas. De hecho, hasta los políticos del Sistema han empezado a buscar soluciones a esta amenaza tanto en Europa como en otras democracias occidentales. El fenómeno de la inmigración extraeuropea se ha colado en las agendas de las reuniones de alto nivel de los Gobiernos y Departamentos ministeriales europeos, porque los informes de los expertos han puesto de relieve los peligros de aquél.
Recientemente, en Alemania, el CDU de Angela Merkel –partido político en el Poder-, de inspiración demócrata-cristiana, ha reconocido, en el Congreso Nacional de las Juventudes del Partido, el fracaso de la política de integración de los inmigrantes, política en la que, según palabras de la propia Canciller, se habían empeñado las diferentes fuerzas políticas del Sistema, esforzándose vanamente en creer que daría resultados positivos y forzando a la opinión pública alemana a secundarla.
Los inmigrantes venidos de fuera de Europa y ajenos a nuestra Cultura y a nuestro genio racial no se integran nunca. Todo lo contrario, forman ghettos y contribuyen al aumento de la delincuencia y al deterioro de nuestra Sociedad, fracturándola. Los gravísimos disturbios ocurridos en Francia en 2005, protagonizados por jóvenes argelinos, inmigrantes de tercera generación que gozan de la nacionalidad francesa, así lo demuestran. En el Reino Unido, se producen intermitentemente disturbios similares, al igual que ha ocurrido en Italia. Por lo que respecta a nuestra patria, los desórdenes públicos de Salt y de otros municipios, nos avisan de aquellos peligros.
Por otra parte, en una situación de paro como la actual, en la que el propio Presidente del BBVA, en una recientísima intervención, corrigió las cifras oficiales, elevando el número de parados en nuestro País a cuatro millones setecientos mil –hoy, las propias cifras oficiales de la Encuesta de Población Activa ya alcanzan los cuatro millones novecientos trece mil parados-, resulta hiriente que haya inmigrantes ocupando un puesto de trabajo mientras sufren el desempleo millones de españoles. La ecuación es simple: si hay casi cinco millones de parados, que se repatríe a cinco millones de inmigrantes.
Pero es más, la pura lógica nos lleva a rechazar la integración, incluso si fuera posible, en aras de la defensa de nuestra Identidad nacional, cultural y racial.
En efecto, el arraigo en nuestro Suelo de población foránea, proveniente de Africa, Asia o América, constituye, en el orden racial, una amenaza real y previsible a nuestra sustancia antropológica, que conducirá, a medio y largo plazo, a una adulteración de ésta. En definitiva, a una mixtificación de nuestra naturaleza antropológica y racial. La alta tasa de natalidad de la población inmigrante, unida a la constante llegada de éstos y a la bajísima natalidad española, llevan irremediablemente a que los españoles terminemos siendo, a lo sumo, la minoría mayoritaria en nuestra patria. Algo semejante a lo que le ha ocurrido a la población anglosajona en los Estados Unidos.
En el orden cultural, el establecimiento en España de población no cristiana en general, y musulmana en especial, constituye una aberración histórica y un crimen contra lo que aquélla significa.
El inicio de la plenitud histórica de España se produce con el Descubrimiento del Nuevo Mundo, un 12 de Octubre –del año 1492-, cuando el vigía Rodrigo de Triana, marinero de la nao Santa María –que mandaba Cristóbal Colón-, divisó la primera tierra del Continente americano. Esta gesta histórica tenía lugar tras la culminación de una epopeya de setecientos ochenta y un años, casi ocho siglos, que fue la Reconquista, que era a la vez la instauración de la Unidad de los Reinos hispanos, el triunfo del Catolicismo y de la Romanidad y el imperio de nuestra Raza y la consiguiente expulsión de una raza intrusa.
Permitir, transcurridos más de quinientos años desde aquel 2 de enero de 1492 –fecha en que se pone fin a la Reconquista, con la entrada de los Reyes Católicos en Granada-, un nuevo establecimiento en nuestro territorio de población islámica es una aberración histórica, intelectual y moral. Es tolerar una amenaza real para nuestra Raza y para la Catolicidad y la Romanidad, que constituyen dos pilares básicos de la Cultura española. Es atentar, en definitiva, contra la idea misma de España.
La defensa de nuestra Identidad es un deber sagrado. En consecuencia, todo patriota español está comprometido en esa tarea.
Finalmente, la situación de nuestro Pueblo como Comunidad Social es preocupante. A la tasa de paro, que supera ya el 20% de la población activa –en Provincias como Cádiz o Málaga ya alcanza el 30%-, hay que añadir el cierre de empresas y la destrucción masiva de puestos de trabajo desde que comenzó la crisis económica, cuya realidad negó Zapatero obstinadamente desde 2008, para, posteriormente, hablar de “desaceleración” y, al final, admitirla pero asegurando que nos encontrábamos en mejor situación que el resto de la Unión Europea para afrontarla. Hoy sabemos que quedaremos descolgados de los países importantes de la Unión. El Fondo Monetario Internacional señala que en España, Portugal y Grecia, habrá una generación perdida por la falta crónica de empleo.
Esta crisis económica ha supuesto la desaparición de un millón de pequeñas y medianas empresas. Cada día cierran en España trescientos pequeños negocios. Las cifras de cierre de pequeños comercios, referidas al primer trimestre de 2010, arrojan un total de veinte mil de éstos –tan sólo entre el l de enero y el 31 de marzo del pasado año-. Este cierre supuso la destrucción de cuarenta y cuatro mil puestos de trabajo.
Por otro lado, la reducción de la actividad empresarial y económica ha acarreado la consiguiente merma del consumo interior y, en consecuencia, de la liquidez del Estado. Para afrontar esta falta de liquidez, el Gobierno de Zapatero, después de derrochar el dinero público a manos llenas, acude ahora a las privatizaciones, como la que se prepara en AENA. De esta manera, se va liquidando el patrimonio estatal construido con el esfuerzo de todos los españoles. Sin embargo, esto no ha sido obstáculo para seguir regalando dinero del Erario público, como es, entre otros casos, el donado a Túnez tras las revueltas políticas recientes.
Otra de las consecuencias de la mala gestión de la crisis es nuestra subordinación internacional. Es de todos sabido que el reconocimiento de la existencia de la crisis, por parte del Gobierno de Rodríguez Zapatero, se debió a las exigencias de adopción de medidas efectuadas por el Presidente de los Estados Unidos y por el Gobierno chino, que trataban de proteger a los inversores en deuda pública española de sus respectivos países. Esa mala gestión de nuestro Gobierno nos ha conducido a someter nuestras cuentas, nuestra economía y nuestras políticas a la supervisión de los Organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial) así como a las directrices del Gobierno alemán. El temor a un posible rescate de nuestra economía ha hecho que Zapatero claudique ante Angela Merkel, habida cuenta que es Alemania la que facilita la mayor parte de los fondos de rescate. Por último, el reciente viaje de Zapatero al Emirato de Qtar hace pensar en que la finalidad de aquél era la obtención de préstamos, con la consiguiente contraprestación de construcción de nuevas mezquitas en España.
Desde el punto de vista social, la crisis ha provocado una mayor diferencia entre ricos y pobres en nuestra patria, lo que puede provocar una ruptura social.
Y, en lo referente al pago del coste de la crisis, éste ha sido cargado por el Gobierno, con la complicidad de la Oposición, sobre las familias españolas, que no son responsables de aquélla. Por el contrario, los Bancos, que recibieron fondos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para otorgar créditos a las empresas, lo aplicaron a fortalecer su estructura financiera, sin que ni Gobierno ni Oposición hayan adoptado medida alguna. La Banca privada ha obtenido unos beneficios escandalosos, que los Presidentes de varios Bancos –entre ellos, el Santander- han proclamado de manera obscena.
Este es el cuadro general de los males que aquejan a nuestra Nación.
En resumen, la clase política de ese engendro, que tan rimbombantemente llaman la Democracia Española, ha puesto a España en almoneda. La Nación y el Estado se venden en subastas y negociaciones con las Finanzas internacionales y con los politicastros interiores, sin que ninguna Autoridad o Institución nacional salgan en su defensa. Quienes vienen obligados a ello, no sólo moralmente sino constitucional y legalmente, han abdicado de su obligación, que no de sus sueldos. El artículo 2 de la Constitución reza así: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…” Pues bien, el mandato que el Texto constitucional impone principalmente al Rey, al Gobierno de la Nación, a los Ejércitos y al Tribunal Constitucional de salvaguardar esa unidad ha sido traicionado por todos ellos.
El Rey no ha salido al paso ni ha dicho una sola palabra cuando se votaba en las Cortes el texto del Estatuto Catalán, que atribuía a Cataluña el rango de nación. Como tampoco se ha manifestado en la reciente situación creada en Melilla por las pretensiones marroquíes. Ni ha formulado manifestación alguna sobre la paulatina desmilitarización de esa Plaza. Silencio traidor que nos recuerda las ingentes cantidades de dinero que el anterior rey marroquí, Hassan II, hizo llegar al Borbón, para su uso propio, al comienzo de su reinado, quizá en compensación por la entrega del Sahara español en 1975, desde que asumió interinamente la Jefatura del Estado por la enfermedad del Generalísimo. Y, en la negociación vergonzosa con ETA, que llevó a cabo el Gobierno de Zapatero en su primer mandato, no se le ocurrió otra cosa que decir que “hablando se entiende la gente”, como si fuera admisible para la dignidad nacional y el honor negociar con una banda separatista criminal.
En realidad, no podía esperarse otra cosa de un perjuro, que, habiendo jurado solemnemente fidelidad a las Leyes Fundamentales del Reino, traicionó el juramento prestado tan pronto murió Franco.
El Gobierno de la Nación está presidido por un canalla que, para justificar la introducción del término nación aplicado a Cataluña en el Proyecto de nuevo Estatuto Catalán, que se debatía en las Cortes, dijo la frase antes citada de que “la nación es un concepto discutido y discutible”.
Además, Zapatero ordenó la negociación con ETA en 2006, que rompió unilateralmente ésta con el atentado de la T-4 en Barajas. Durante el tiempo que duraron las negociaciones, ordenó, a través del Ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, informes falsos a policías lacayos ocultando la realidad de que la banda terrorista se rearmaba mientras estaba vigente la tregua. Y, pese a la experiencia pasada, de nuevo se está negociado con los terroristas. De hecho, los sindicatos de funcionarios de Instituciones penitenciarias han denunciado ante la opinión pública que, por orden del Ministro del Interior, se ha ordenado el traslado de ciento diez presos comunes de cárceles próximas al País Vasco, con destino a otros Centros Penitenciarios más alejados, para dejar sitio a presos etarras que van a ser acercados a las Vascongadas, conforme exige ETA.
En consecuencia, el Gobierno actual no sólo no es un garante de la unidad nacional sino que es uno de sus mayores enemigos.
Las actuales Fuerzas Armadas no son dignas de llamarse los Ejércitos de la Nación. Sus mandos, jefes y oficiales son una colección de eunucos, lameculos y lacayos que anteponen sus sueldos, trienios y ascensos a su deber de salvaguardar la unidad, la integridad y la soberanía de la Nación. Esta es precisamente la razón de ser de los Ejércitos, el servicio a la Patria con las armas ante cualquier enemigo exterior o interior. Su deber hacia la Nación es sagrado conforme a las tradiciones militares y a las Reales Ordenanzas que los regían y que han permitido que sean derogadas. La propia Constitución, en su artículo 8.1, establece que “las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. Los actuales militares carecen de honor y de hombría, y así se han sometido a la imposición de una ministra de Defensa, como Carmen Chacón, que aplaudió las palabras infames de aquel cabrón de Pepe Rubianes, dichas en una televisión pública catalana, de “me cago en la puta España”. Cuando Rubianes fue abucheado por ello en diversas ciudades españolas, Carmen Chacón lució una camiseta con la leyenda “Rubianes somos todos”.
Es evidente que España no puede esperar nada de esos mercenarios.
Finalmente, nos topamos con el Tribunal Constitucional. Cinco años ha necesitado para dictar Sentencia sobre la constitucionalidad del Estatuto Catalán, para al final hacer una chapuza. Pero le han bastado unas horas para permitir que Bildu –tras la que se esconde ETA- se presente a estas elecciones municipales. Las resoluciones del Tribunal Constitucional son como la plastilina, que se pliegan o se estiran según convenga.
Ante esta claudicación de las Magistraturas e Instituciones del Estado, ante la abdicación de sus sagrados deberes, ante la deserción que cometen a diario, la pregunta que cabe hacerse es ¿qué valedores le quedan a España? La respuesta es sencilla: los patriotas españoles, los hijos fieles de la Nación.
No es la primera vez que nuestra patria se encuentra en una situación de abandono semejante. Ya lo estuvo, también bajo la Casa de Borbón, ante las apetencias napoleónicas. Fue entonces cuando, abandonada la Nación en manos de Napoleón por el rey Carlos IV e invadidos nuestros reinos por los Ejércitos franceses, se alzaron en armas los españoles de a pie –hombres, mujeres y niños, soldados y clérigos, las majas y los chulapos, campesinos y gentes de las ciudades, hombres ilustrados y humildes jornaleros, profesores y hasta los presos comunes, que solicitaron incorporarse a las milicias nacionales-, dando comienzo a la gloriosa Guerra de Independencia.
Hoy como ayer, España tiene los mismos valedores, sus hijos fieles, los patriotas. Y aquí radica la segunda cuestión que planteábamos al principio: ¿cuál es la razón para votarnos? La respuesta es la trayectoria de Alianza Nacional, que pone de manifiesto la autenticidad de nuestro compromiso con nuestra Nación, con nuestra Raza y con nuestro Pueblo. Por eso pedimos que confieis en nosotros, en nuestro Movimiento y en nuestros candidatos. No os defraudaremos. Mantendremos nuestra fidelidad a la Madre Patria y a nuestros hermanos españoles.
Nación, Raza, Socialismo.
¡Arriba España!
Secretaría Política de Alianza Nacional
Fuente: Web de Alianza Nacional (www.lostuyos.net)
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