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lunes, 30 de mayo de 2011

Una comisión aconsejará sacar a Franco de su tumba.

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, apadrina hoy la constitución de la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, creada el viernes por el Gobierno con el fin de sacar del lugar preferente que ocupan en la basílica de la Santa Cruz los restos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera.

La comisión tiene como misión oficial proponer formas de “dignificar” la memoria de las 33.833 personas allí enterradas.

La primera irregularidad de esta comisión es que, tratándose del futuro de una basílica pontificia, debería ser una comisión paritaria entre el Estado español y la Santa Sede. Pero esta sólo está virtualmente representada por un arzobispo emérito, monseñor Fernando Sebastián Aguilar, que lo fue de Pamplona y Tudela. Sólo el nuncio de Su Santidad en España, el arzobispo de Madrid y los monjes benedictinos de la abadía de la Santa Cruz representan en este caso al Vaticano.

Por si estos últimos no hubieran sido suficientemente ninguneados, en la comisión no está el abad del Valle de los Caídos, y además se incluye, como si de algún modo representara a la orden benedictina, a un monje de Montserrat, Hilari Raguer i Suñer, conocido por su tendencia nacionalista, y cuya animosidad contra Franco queda patente en el título de alguno de sus libros, como: Franco contra Batet, crónica de una venganza.

Trece de la infamia
Por si no fuera suficiente abuso arrogarse competencias sobre “el futuro” de una basílica pontificia, el Gobierno se ha asegurado de que las recomendaciones de la comisión sean las que Zapatero quiere escuchar. De los 13 miembros, al menos siete votarán lo que se les indique desde Moncloa: el copresidente Virgilio Zapatero Gómez, ministro de Relaciones con las Cortes entre 1986 y 1993, ha definido el régimen de Franco como un “cenagal que no llegó a asfixiar totalmente las aspiraciones de los españoles”; mientras que el exilio republicano “no era una parte de la sociedad: era toda una sociedad la que se exiliaba”, y presuntamente de ella procede la nuestra.

De la misma cuerda es el secretario de la comisión, Carlos García de Andoin, que ya asesoró a la ex vicepresidenta Fernández de la Vega en el intento de amordazar a los católicos con una reforma de la Ley de Libertad Religiosa. El ex dominico Manuel Reyes Mate critica a la izquierda por haber sido hasta ahora poco reivindicativa: “Felipe González decía que había propiciado la Transición bajo el signo del olvido, que era la forma del perdón. Fue un gran error. El perdón se construye sobre la memoria”.

Ricard Vinyes y Carme Molinero, catedráticos de Historia de la Universidad de Barcelona y miembros de la comisión a propuesta de ICV-ERC, suman un par de votos más a la perspectiva gubernamental. La mayoría absoluta se logra con la consejera de Estado Amelia Valcárcel, exponente de la ideología de género y autora, en la línea de Mate, de un libro titulado La memoria y el perdón, y con Francisco Ferrándiz, director en el CSIC del proyecto Las políticas de la memoria en la España contemporánea.

Contando con que Hilari Raguer pueda también apuntarse a las propuestas gubernamentales, sólo quedan cinco votos susceptibles de mayor independencia: el del copresidente Pedro González Trevijano, rector de la Universidad Rey Juan Carlos; el del arzobispo Sebastián; el de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, consejero permanente del Consejo de Estado, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y ex portavoz de AP; el de la catedrática de Historia de la UNED Alicia Alted Vigil (de todos modos especializada en el estudio del exilio y la oposición al régimen de Franco); y el de la catedrática de la Complutense Carmen Sanz Ayán, de la Real Academia de la Historia.

Memoria Histórica
La Ley de Memoria Histórica sólo dice del Valle de los Caídos que debe ser apolítico como todo cementerio. El pasado 20 de noviembre, Zapatero consiguió tenerlo cerrado al público. Pero la única forma de garantizar que no haya expresiones de adhesión a Franco o José Antonio, para el Gobierno, es sacar los restos de ambos del lugar preferente que ocupan.




Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)

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