Los agricultores atribuyen sus pérdidas millonarias a la debilidad del Gobierno.

No existe por el momento ninguna prueba que confirme que las hortalizas españolas están contaminadas con la bacteria E. coli. Sin embargo, son ya siete los países que han decidido bloquear el comercio de las verduras procedentes de España. Europa se ha blindado no sólo contra los pepinos, también está boicoteando la venta y consumo de zanahorias, tomates, lechugas, berenjenas y frutas españolas.
La alerta sobre la expansión del brote epidémico nacido en Alemania provocado –según denunció este país– por pepinos españoles ha motivado que otros países como Austria, Dinamarca, República Checa, Bélgica, Dinamarca, Suecia y Rusia hayan recomendado a los ciudadanos que tiren todos los productos hortofrutícolas de origen español. Una medida que el sector califica de “ilegal”. “Es muy grave la decisión de algunos países de cerrar sus fronteras a nuestros productos”, señaló ayer la consejera andaluza de Agricultura, Clara Aguilera.
De hecho, la Comisión Europea comunicó que “no hay razones” para cerrar el mercado europeo a los pepinos españoles. Sobre todo, cuando aún no se conocen los resultados de los análisis que se están realizando a las hortalizas sospechosas.

La crisis del pepino provocará “daños multimillonarios y en cascada” en el sector hortofrutícola. Los agricultores temen pérdidas de 200 millones de euros si esta situación no se resuelve ya. “La sensación que tenemos es de auténtico desasosiego. El comercio está totalmente bloqueado”, informó ayer Andrés Góngora, el responsable de frutas y verduras de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). Y es que todos los pedidos de zanahorias y de melocotones de varias huertas de Sevilla también han sido cancelados.
Desde el pasado jueves, cuando Alemania señaló a los pepinos españoles como culpables del brote de E. coli, los agricultores llevan pidiendo al Gobierno que exija una rectificación a las autoridades alemanas. “El Gobierno tiene la obligación de iniciar un proceso judicial contra los países que están recomendando que no se consuman productos españoles”, afirmó Góngora.
Tras reunirse con los portavoces del sector, la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, destacó que España “no consentirá que se siga haciendo daño gratuitamente” a nuestra producción. Sin embargo, por ahora no se ha tomado ninguna medida para cortar la campaña destructiva que está viviendo el campo español. “Hay posibilidades de pedirle a la UE algún tipo de indemnización”, comunicó el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido. El Gobierno pedirá además ayudas a Europa para compensar las enormes pérdidas que está generando la crisis del pepino. “Como esto siga así, se convertirá en un problema de Estado”, aseguró la presidenta de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Almería, Francisca Iglesias.

Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)