El Ministerio de Educación estudia subir el precio de las matrículas universitarias.

«Una reflexión sobre las normas de permanencia de los alumnos universitarios y un replanteamiento de los precios de las segundas y sucesivas matrículas es más que conveniente en este momento», afirmó esta mañana en Madrid Amparo Camarero, secretaria general de Universidades del ministerio de Educación. La declaración la hizo durante la presentación del informe «Universidades y Normativas de Permanencia. Reflexiones para el futuro».

Consultada por ABC sobre si esa frase significaba subir el precio también de la primera matrícula, Camarero evadió la pregunta y finalmente indicó que era un aspecto que se estudia.

Tras Bolonia, la conversión de las antiguas titulaciones en los nuevos grados y másteres ha requerido del buen hacer de los equipos rectorales y de toda la comunidad docente, personal de administración y servicios de las universidades. «Sería injusto que todo este esfuerzo no se acompañaran de un comportamiento responsable dentro de la enseñanza por parte del alumnado de estos centros», afirmó Camarero, y añadió: «En este sentido, la exigencia de buenos resultados académicos no debe ser vista como una medida encaminada a dificultad de acceso a los estudios superiores. La lectura es otra bien distinta, pues se trata de aprovechar lo mejor posible los recursos disponibles en estos momentos de dificultad económica. Por ello, como no puede ser de otra manera, estos valiosos bienes debemos ofrecerlos a quienes hagan un uso responsable y exigente de los mismos, es decir, a los alumnos que tengan un buen rendimiento».

Camarero resaltó que «la sociedad, y dentro de ella los estudiantes universitarios, deben ser capaces de corresponder al esfuerzo de las administraciones, las universidades y la comunidad educativa en su conjunto». Recordó que la financiación pública para los centros en los que estudian supone entre un 80 y un 85 por ciento del coste de los estudios, y «debe encontrar una respuesta adecuada».

De ahí que «una reflexión sobre las normas de permanencia de los alumnos y un replanteamiento de los precios de las segundas y sucesivas matrículas es más que conveniente en este momento».

Los estudiantes tienen una serie de derechos, como que se le faciliten los medios para su progreso y para su permanencia en las universidades. «Pero no es menos cierto que también tienen una serie de obligaciones, como es hacer un uso eficaz y eficiente de los recursos públicos que se ponen a su disposición para obtener un título universitario», señaló.

En la presentación del informe, además de Camarero, estuvieron presentes Zulima Fernández, directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA); Joaquín Moya-Angeler, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales; Jesús Irurre, presidente de la Comisión Académica de los Consejos Sociales, y Laureano González, coordinador de Enseñanzas e Instituciones de ANECA.

El informe «Universidades y Normativas de Permanencia. Reflexiones para el futuro» fue elaborado por ANECA en colaboración con la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS). El estudio refleja la conveniencia de establecer sistemas más precisos y detallados que, aplicados con mayor flexibilidad para atender a situaciones particulares, faciliten un mejor aprendizaje y un mayor aprovechamiento de los recursos públicos.

Tras analizar las distintas normativas vigentes, el informe predice que a mayor requerimiento en el número de créditos y matrículas, mayor es el rendimiento académico y la eficiencia de los recursos.

El estudio recomienda analizar el establecimiento de una mayor concreción de aspectos como el agotamiento de convocatorias, créditos mínimos a superar en el primer curso y posteriores, o fijar unos máximos de matriculación. Todo ello, acompañado de una detallada relación de elementos de flexibilidad para situaciones especiales.

Fácil acceso para estudiantes
Según el informe, el 42% de las normas no establecen agotamiento de convocatoria si no se presenta a una evaluación, lo que suele provocar un alargamiento del tiempo de finalización de los estudios, y la mayor parte solo establecen un número de créditos a superar en el primer curso y ninguna limitación en la matriculación, lo que puede producir en una sobre-matriculación y la no presentación a evaluaciones.

Los datos recogidos en el análisis reflejan que el 84% de las normativas de progreso y permanencia están adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior, pero son muy heterogéneas y la mitad no diferencia la nueva estructura educativa que establece este sistema: grados, máster y doctorados. En el caso de los másteres, además, las reglas son muy homogéneas sin hacer distinción entre tipos ni complejidad.

Otros aspectos básicos a tener en cuenta en el debate sobre la normativas de permanencia, según el informe, son: regular la situación de los estudiantes que han comenzado con la anterior ordenación universitaria y disponer de reglas claras ante la movilidad de los alumnos y ante estudios a tiempo parcial o con necesidades especiales.



Fuente: Europa Press (www.europapress.es)