Inversores presentarán una querella contra la familia Ruiz-Mateos por estafa.

Un grupo de titulares de pagarés de Nueva Rumasa presentará esta semana ante la Audiencia Nacional una querella contra el fundador del grupo, José María Ruiz-Mateos, sus seis hijos varones y siete sociedades propiedad de la familia por los presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, administración desleal y delito contra los intereses de los consumidores.

Asesorados por el despacho Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados, los inversores plantean en la querella la responsabilidad subsidiaria del Estado por los daños y perjuicios sufridos, tras haber realizado inversiones por valor de unos diez millones de euros, informó a Europa Press Vicente Tovar, abogado del bufete.

Tovar consideró que, en el marco de las campañas para captar inversiones particulares, puede existir un engaño en la "apariencia" de holding que la familia da a su grupo de empresas, dado que en las emisiones de pagarés responden sólo las sociedades emisoras y no el grupo Nueva Rumasa, que no existe como tal, algo que, según afirmó, no se detalla en la publicidad realizada.

Según explicó Tovar, magistrado en excedencia, la propia familia Ruiz-Mateos refleja en las cartas que hizo públicas al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, que "todo es una especie de montaje" y que descartaban crear un holding para evitar una nueva expropiación.

Además, el despacho Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Asociados entiende que, al lanzar las emisiones, puede haber habido conciencia de que no se van a poder pagar, y recuerda que algunas de las sociedades emisoras se encuentran actualmente en concurso de acreedores.

En relación con la responsabilidad subsidiaria del Estado, Vicente Tovar aludió a la "inactividad" de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que "se limitó" a emitir comunicados advirtiendo de las operaciones de Nueva Rumasa, cuando, en su opinión, podría haber intervenido suspendiendo las emisiones u ordenando inspecciones o auditorías.

También hizo referencia a la falta de actuación del Ministerio de Economía y Hacienda y de las autoridades de Consumo, que no tuvieron "ninguna posición activa para defender a los consumidores".

Tovar apuntó que en la querella se pide la responsabilidad de personas jurídicas y de los siete Ruiz-Mateos, pero, en el caso de que no puedan responder, se pide la responsabilidad del Estado por los daños y perjuicios causados.



Fuente: Europa Press (www.europapress.es)