Mas se expone a una inhabilitación de dos años si mantiene la inmersión.

Como si de un curso por correspondencia se tratara, Cataluña tiene dos meses para cambiar de modelo lingüístico. Apenas han transcurrido cinco días desde que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenase la “exclusión de cualquiera de las dos lenguas vehiculares de la enseñanza” en la región (según recoge la sentencia 337 del Tribunal Supremo de 23-12-1994) y la consejera de Educación, Irene Rigau, ya ha garantizado que el sistema de inmersión lingüística al catalán no se cambiará en el plazo dispuesto por la Justicia. “Es por la lengua por lo que muchos nos dedicamos a la política”, justificó ayer su rebeldía la responsable del área.

Rigau, asimismo, relativizó las consecuencias derivadas del incumplimiento de la sentencia: “La consejera tendría graves problemas, desde una multa a una inhabilitación para cargos públicos. Pero eso es un problema de la consejera, no del catalán”. Los “problemas” valorados por la consejera de Educación alumbrarían, según diversos catedráticos de Derecho Constitucional consultados por LA GACETA, “un escenario ilógico y muy malo”. De acuerdo con el artículo 410 del Código Penal, aplicable en el supuesto referido, la sanción comprendería “una multa de 3 a 12 meses” y de 150 a 1.500 euros, así como una “inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a dos años”, en función de la culpa hallada por el tribunal. Por su parte, la plataforma Convivencia Cívica Catalana, promotora de la demanda, advierte de que “el ministro de Educación del Gobierno central de España es el encargado de velar por los derechos de escolarización, por lo que le será enviado un escrito y, en caso de que no vele por el cumplimiento de la sentencia, le será puesta una querella por prevaricación”.

No obstante lo anterior, Rigau, “la responsable de ejecutar la sentencia”, tal y como explica Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana, sopesa dimitir antes de acatar la sentencia. “En caso de vacante”, agrega Caja, “el responsable pleno será quien ha nombrado a la consejera, es decir, el señor Artur Mas (presidente de la Generalitat)”. La coyuntura, recuerdan los constitucionalistas consultados, “es la misma que supuso la inhabilitación y el fin de la carrera política de Juan María Atutxa, cuando se negó a disolver Batasuna”. En extremo, y a pesar del procesamiento, “el TSJC tendría la potestad de suplir al poder político y adoptar las medidas oportunas para el cumplimiento del fallo”, apunta Caja.

Engarzada la cadena de responsabilidades, los demandantes consideran que el fallo del tribunal es “terminante”, que “la inmersión es inconstitucional”, que “no hay vuelta de hoja” y que “Mas y la consejera lo saben”. De ahí, infieren, “las presiones a PSOE y PP”. Dada la contundencia de lo dictado, que admite recurso pero no suspensión, la escapatoria por la negociación política es complicada. Sin embargo, el especialista en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Barcelona Joan Baucells alerta de que “sólo se inhabilita al consejero, no al Gobierno en bloque, por lo que otro problema es que podría venir un consejero de Educación detrás de otro y entrar así en un bucle de desacatos que permitiría a la Generalitat seguir adelante”.


Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)