El Gobierno concederá las ayudas anuales de Memoria Histórica en plenas elecciones.

La celebración de las próximas elecciones a la Presidencia del Gobierno de la Nación en una fecha como el 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Francisco Franco, guarda más singularidades de las aparentes. La publicación ayer de un Boletín Oficial del Estado que venía cargado de resoluciones de especial calado (convocatoria de comicios generales y disolución de las Cortes y reforma de la Constitución para fijar el techo de gasto de las comunidades autónomas), dejó también una pirueta administrativa cuanto menos digna de reseñar.

Con la firma del ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, y fecha del pasado 16 de septiembre, el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero acordó “ampliar el plazo de concesión de subvenciones destinadas a actividades relacionadas con las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo”. En concreto, según explica la disposición, el otorgamiento de ayudas a los proyectos que atiendan “al objetivo de la recuperación de la memoria histórica y a la dignificación de dichas víctimas” estaba previsto para principios de este mes de septiembre, al haber transcurrido el semestre establecido por ley para la resolución sobre tales ayudas. La convocatoria oficial se realizó el pasado 4 de abril y en la orden quedaba claramente indicado en su artículo 12, apartado 3: “El plazo máximo para dictar y notificar la resolución definitiva del procedimiento será de seis meses, que habrán de computarse a partir del día siguiente al de la publicación de la mencionada Orden”. Esta apareció en el BOE justo tres días después, el 7 de abril. Con el calendario en la mano, estas subvenciones de corte revisionista debían haberse adjudicado hace unas semanas, pero no fue así.

El Gobierno se ha dado dos meses más de margen para repartir el pastel y lo hará en pleno proceso electoral. Los argumentos esgrimidos por el Ministerio de Presidencia a la hora de justificar esta prórroga, que no dejan de ser peregrinos formalismos, aparecen también recogidos en la disposición hecha pública ayer. El departamento en cuestión señala: “Debido a la complejidad de la tramitación de este procedimiento y al alto número de solicitudes recibidas, se prevé la imposibilidad de resolver el procedimiento en el plazo citado”. Dicho esto, el Ejecutivo subraya que se acoge a una cláusula legal, incluida en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, que permite dilatar la concesión “si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero”. Al parecer, la celebración de unas elecciones generales, con la posterior conformación del Gobierno, aconsejaba a los socialistas retrasar hasta dicho momento la comunicación de estos regalos a entidades afines y sindicatos amigos.

Se da la circunstancia de que el pasado año (sólo hubo elecciones catalanas en noviembre) no hubo ningún tipo de demora en el curso de las ayudas y si fueron convocadas a finales de marzo, se entregaron correspondientemente a finales de septiembre.

Lo que sí se mantiene en 2011 con respecto al ejercicio anterior es el montante al que asciende la partida de estas subvenciones: 5,6 millones. El importe máximo para cada proyecto no puede superar los 40.000 euros, salvo que la actuación vaya orientada a la “exhumación e identificación de personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior”.


Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)