'Golpe de Estado' de Daniel Ortega al Poder Judicial de Nicaragua.

El presidente sandinista ordenó a sus magistrados leales de la Corte Suprema de Justicia que incorporen al Poder Judicial a siete conjueces afines al oficialismo, en sustitución de igual número de colegas liberales, para que resuelvan desde el máximo órgano judicial la crisis que afronta este poder del Estado.

Los llamados conjueces son figuras creadas para asumir funciones en la Corte bajo circunstancias muy específicas, dijo a LA GACETA el jurista nicaragüense Carlos Tünnermann Bernheim.
Tünnermann explicó que la designación de los conjueces, quienes fueron seleccionados usando un método propio de las rifas de ferias populares en el país, no tiene fundamento legal ya que la Constitución Política establece claramente, en su artículo 163, que para cada magistrado de la Corte Suprema, la Asamblea Nacional de Nicaragua elige un conjuez, pero sólo pueden ser llamados en caso de que algunos de los jueces esté ausente, se excuse, esté implicado o haya sido recusado.
Pero nada de esto importa a los jueces leales al orteguismo. La presidenta temporal del Supremo, Alba Luz Ramos, convocó a nueve conjueces, asistiendo siete, y la elección se realizó por medio de una rifa donde a cada conjuez se le asignó un número. Éstos fueron introducidos en una urna y después sacaron el número de los escogidos.
Las raíces de este conflicto radican en la nociva polarización política que envuelve a Nicaragua.
A finales de enero, Ortega emitió un decreto pasando por encima de las atribuciones de la Asamblea Nacional y prorrogó en sus cargos a 25 funcionarios cuyos periodos se vencían a lo largo del año y sólo pueden ser elegidos por los votos del legislativo. Entre estos funcionarios están dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia incondicionales a Ortega: los abogados Rafael Solís y Armengol Cuadra.
Dada la negativa de estos magistrados a dejar sus cargos, los magistrados liberales se negaron a formar Corte Plena con los jueces sandinistas que siguen en los cargos, amparados en un polémico decreto presidencial.
Ortega vio esto como una extorsión por parte de los liberales para crear una paralización del funcionamiento del Supremo. Por lo que para refrendar la ilegalidad de la presencia de los dos magistrados, apeló a otra ilegalidad. Orientó a sus magistrados a que convocaran a los denominados conjueces.



Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)