En abril de 2005, el citado Instituto, fundado en 1976 y cuyo nombre rinde tributo a Francisco de Borja, tercer Prepósito General de la Compañía de Jesús, emitió una desconcertante declaración pública en la que defendía la despenalización de la eutanasia en los «casos extremos y conflictivos». La institución se refería, en concreto, a las situaciones de extrema gravedad en las que «el enfermo lo haya solicitado libre y reiteradamente, tenga una enfermedad incurable que le causará la muerte en poco tiempo» y que la dolencia «le cause un dolor insoportable».
El documento, «Hacia una posible despenalización de la eutanasia», que fue ampliamente contestado en ámbitos católicos y por la Conferencia Episcopal Tarraconense, fue fruto de un Grupo de Trabajo formado por médicos, filósofos, juristas y teólogos. En ella se establecen algunas circunstancias extremas en las cuales la eutanasia debería no estar penada.
Protesta de los obispos
Algunos obispos lamentaron públicamente que un organismo de clara inspiración cristiana hubiera «abierto» la puerta a la eutanasia. La Tarraconense emitió, en esta línea, una nota en la que desautorizaba al citado instituto, que participa en trece comités de ética asistencial de diferentes hospitales vinculados a la Orden de San Juan de Dios.
Fuentes del centro pediátrico Sant Joan de Déu situado en Esplugues de Llobregat (Barcelona), dirigido por la citada Orden, y presidido por el Superior Provincial de la Orden, el hermano Pascual Piles, reconocieron en declaraciones a este diario que el IBB es el organismo de consulta del centro en materia bioética. Matizaron que «al margen de los miembros del IBB, en dicho comité también hay representantes del hospital».
Según ha podido saber ABC, otros centros como el de Sant Boi de Barcelona (salud mental) o el Espíritu Santo de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) también han consultado con el citado instituto cuestiones éticas cotidianas. Tras la controversia generada por el primer documento relativo a la eutanasia, otro informe del Instituto Borja, en este caso sobre el aborto, ha vuelto a encender la polémica entre los sectores eclesiásticos y las organizaciones pro vida.
El citado instituto ha publicado un documento —«Consideraciones sobre el embrión humano»—, al que ha tenido acceso ABC, en el que afirma que, sobre el aborto, «en casos de conflicto grave estamos a favor de la decisión responsable y tomada a conciencia por parte de los afectados, promoviendo la formación de esta conciencia y acompañándoles en sus decisiones concretas». El documento añade que «la despenalización de la interrupción del embarazo en ciertos supuestos de conflicto grave que hacen prever un futuro de dolor y sufrimiento para los implicados, lo entendemos como un gesto de comprensión y acogimiento hacia las personas que se encuentran en situaciones difíciles que pueden convertir el inicio de la vida en una carga pesada». Los obispos de la Tarraconense lo desautorizaron manifestando que las opiniones expresadas en dicho documento no están de acuerdo ni con la doctrina católica, ni con la defensa de un derecho, prioritario y fundamental, como es el derecho a la vida.
El Instituto Borja de Bioética se fundó en 1976 por iniciativa de su actual presidente, el jesuita Francesc Abel i Fabre, doctor en medicina, especialista en obstetricia y ginecología, licenciado en filosofía y teología y formado como investigador en los EE.UU., que consideró fundamental crear en Cataluña el primer centro de bioética español. Después de trabajar durante 8 años adscrito a la Facultad de Teología de Cataluña, se constituyó como fundación privada en 1984. En sus órganos rectores figuran también los jesuitas Artur Juncosa, Joan Carrera Carrera, Lluís Magriñà, y los hermanos de la Orden San Juan de Dios, Miguel Martín Rodrigo y Pascual Piles.
Una institución «blindada»
El Instituto Borja de Bioética (IBB) está dirigido por jesuitas y es de clara inspiración católica, aunque tiene la estructura de fundación privada y está integrado, en parte, por miembros de la sociedad civil. Esta circunstancia le «blinda» de las continuas reprimendas de la autoridad eclesiástica. El doctor Josep Maria Simón, presidente de la Fundación Internacional de Médicos Cristianos, denuncia esta situación y asegura que «sólo acabará cuando la Santa Sede tome cartas en el asunto».
«No es lógico ni aceptable que una institución de estas características se manifieste abiertamente contra la doctrina católica», afirma.
Fuente: ABC (www.abc.es)
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