Los jueces se plantan ante el Gobierno por el uso “partidista” de la Justicia.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) no va a consentir ni una burla más por parte del Ejecutivo a la Justicia. “Para evitarlo, nos movilizaremos con toda nuestra fuerza ante lo que es puro interés partidista”. Así de contundente se muestra el portavoz de esa organización, Antonio García, después de conocer la intención del Gobierno de saltarse a la torera la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán.

“El Ejecutivo debería obedecer y acatar” el fallo, pero lo que hace es “intentar defraudar con regates a corto o largo” las decisiones de las instituciones judiciales, se quejan los jueces. Están cansados de este tufo político que está invadiendo todos los resquicios de la administración de Justicia.

La intención del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de reformar la Ley del Poder Judicial para adaptarla al Estatut y crear así nuevos consejos judiciales autonómicos ha molestado sobremanera a los jueces que, además, están convencidos de que esa decisión sólo responde al “interés político” del PSOE.

“Su intención no es una Justicia más eficiente y moderna, sino dar gusto por razones de política a las demandas de unos partidos que sólo buscan su propia justicia, y eso no es posible”, sentencia el portavoz de la principal asociación de magistrados.

Esa decisión del Gobierno de poner en marcha una hoja de ruta para esquivar la sentencia del Tribunal Constitucional y desarrollar al máximo el autogobierno catalán supone además poner en “gravísimo riesgo los contenidos constitucionales”.

“El Ejecutivo está tomando decisiones que afectan a la independencia misma de los profesionales; por eso los magistrados nos opondremos con todo lo que esté a nuestro alcance”, insiste Antonio García.

Pero, aparte de la falta de respeto que supone para la legitimidad de una de las más altas instituciones nacionales, el problema radica en que esa intención del Gobierno es, según los jueces, “inconstitucional”. “Salvo que se produzca una reforma de la Carta Magna, esa modificación legislativa para trocear el Poder Judicial está llamada al fracaso”, avisan desde la APM.

Ante los ojos de los jueces, la actitud del Gobierno ha supuesto una gran decepción porque aseguran que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se comprometió a no alentar ese tipo de derivas.

“Pero basándonos en los hechos, no nos podemos fiar del ministro. No nos podemos fiar del señor que ha errado de punta a cabo y que ha intentado enmendarle la plana al Tribunal Constitucional. El mismo señor que es el responsable de auspiciar e impulsar un Estatuto cuyo contenido sabía que sobrepasaba los límites constitucionales. Y ahora nos dicen que él va a ser el responsable de una acción del Gobierno que pretende rectificar al TC”, afirma indignado el portavoz de los magistrados.

Las esperanzas que provocó Caamaño a su llegada al ministerio han sido segadas y sus promesas incumplidas. Dicen los jueces que hablar con el ministro no sirve de nada, “lleva dos años siendo titular de Justicia y todo sigue igual o peor”. “La administración judicial del siglo XXI que anunció no existe. La oficina judicial es un auténtico fracaso; los medios siguen siendo mínimos y los problemas crecen exponencialmente. Y ante esto, la respuesta del Ejecutivo es que lo prioritario ahora es esquivar al Constitucional para darles en el gusto a los nacionalistas”.
“El Gobierno no está por encima de la Ley”, recuerdan los jueces. “Tiene sus limitaciones bien definidas por la Constitución y el sometimiento absoluto a las normas por parte de los poderes públicos es un principio básico. El poder político no es omnímodo”, recalcan.

Desde el Gobierno, Gaspar Zarrías justificó ayer la “burla judicial” asegurando que la unidad de la Justicia no se romperá con la división del Poder Judicial. “Es de película de los hermanos Marx”, concluye el portavoz de la APM.



Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)