Dos representantes del Gobierno se excusaron ante ETA por detenciones.

Dos representantes del Gobierno se excusaron ante miembros de la banda terrorista ETA, en una reunión mantenida el 22 de junio de 2006, por la detención en Francia de integrantes del aparato de extorsión de la banda, según se desprende del auto en el que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz levanta el secreto que pesaba sobre nueve folios de una comisión francesa relativa a la causa conocida como el chivatazo.

El magistrado encargado de instruir la investigación sobre la presunta delación que tuvo lugar en el Bar Faisán de Irún, explica en su escrito que la reunión se celebró a requerimiento de la banda terrorista en el marco de las negociaciones abiertas a raíz de la tregua decretada en marzo de ese año y que se produjo sólo dos días después de los arrestos.

En el encuentro, dos representantes del Gobierno --cuyas identidades el magistrado mantiene en secreto-- "habrían vertido manifestaciones en respuesta a recriminaciones por parte de la organización terrorista" relativas a las detenciones practicadas por la Policía.

Los dos miembros del Ejecutivo se refirieron también a "determinados aspectos de la investigación judicial en curso", dice Ruz, que desvela que uno de los negociadores designados por ETA en aquella tregua, identificado con el nombre de 'Alain', era el hijo del miembro de la banda Ramón Sagarzazu, detenido junto al dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa, en el marco de la operación contra el aparato de extorsión.

El auto explica que las autoridades judiciales francesas tuvieron conocimientos de estos hechos a raíz de la documentación incautada a Francisco Javier López Peña, 'Thierry', entre la que se localizó el acta de la banda que detallaba este encuentro.

En la reunión, los representantes del Gobierno aseguraron a los miembros de ETA que habían intentado evitar las detenciones advirtiendo de que los arrestos estaban previstos en una llamada a Joseba Elosúa, según han publicado medios de comunicación.

El acta de aquella jornada refleja que los representantes gubernamentales admitieron que las detenciones eran "un accidente grave" que no se había podido evitar debido a la intervención del juez. Explicaron también a los representantes de ETA que el Gobierno había cambiado al fiscal general y comunicado a las Fuerzas de Seguridad del Estado que evitaran realizar detenciones. "Ha sido muy difícil hacerlo porque la Guardia Civil sólo obedece al Duque de Ahumada", asegura ETA que dijo el Ejecutivo.

El encuentro no versó únicamente sobre las detenciones ya que en él los representantes del Gobierno recriminaron a la banda que continuara alentando la kale borroka y enviando a empresarios cartas de extorsión. El Ejecutivo también especificó que no tenía interés en terminar con la izquierda abertzale y que quería que Batasuna fuera un partido legal.

CINCO TESTIGOS PROTEGIDOS

El magistrado detalla en su auto las diligencias que ha desarrollado desde que tuvo conocimiento del contenido del acta. Entre ellas, explica que solicitó a la Secretaría de Estado de Seguridad y a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno que identificara a todos los negociadores que tomaron parte en las conversaciones de la tregua, un total de cuatro personas a las que cita con la identificación 'Go-1', 'Go-2', 'Go-3' y 'Go-4' y le aclarara si el Ejecutivo conserva su propia acta de la reunión.

Una vez recibida la contestación del Gobierno el magistrado tomó declaración a cinco testigos protegidos y a numerosos cargos de la Policía y la Guardia Civil. A pesar de que el juez no lo asegura de forma tajante, el auto deja entrever que entre los testimonios recabados se encontrarían los de los negociadores designados por el Ejecutivo.

El juez también pidió información sobre la intervención en el proceso de negociación de "las personas físicas o instituciones" que pudieron actuar como intermediarias.

Además, solicitó a Francia que le ampliara en la medida de lo posible la información sobre los encuentros mantenidos entre Gobierno y ETA y le ofreciera datos específicos sobre las reuniones preparatorias destinadas a sentar las bases del proceso de negociación de 2006.

El alzamiento del secreto es únicamente parcial ya que el magistrado mantiene protegidos aquellos datos que puedan "comprometer la identidad real de los testigos protegidos" y "su seguridad personal".

En anteriores autos, el juez había solicitado que se le comunicara la identidad de un confidente de ETA que ofrecía información al entonces Jefe Superior de Policía del País Vasco.



Fuente: Europa Press (www.europapress.es)