Las tarjetas con las que se activaron las bombas del 11-M se siguen vendiendo sin control.

Las bombas que provocaron los atentados del 11-M fueron activadas a través de teléfonos móviles con tarjetas prepago. Por aquel entonces no era necesario identificarse al comprar una SIM. Delincuentes, bandas organizadas, terroristas e inmigrantes irregulares podían utilizar el teléfono detrás de este anonimato sin peligro de ser seguidos por la Policía. El Ministerio del Interior trató de corregir este agujero legal a través de la Ley 25/2007 de Conservación de Datos, que obligaba a todos los usuarios de una tarjeta prepago a identificarse antes del 8 de noviembre de 2009.
Desde ese día, se supone que todas las tarjetas prepago deben tener un dueño identificado con objeto de que la Policía pueda hacer su trabajo en caso de que sea necesario. Sin embargo, LA GACETA ha podido comprobar que hoy por hoy –casi un año después de que entrara en vigor la norma– cualquier ciudadano puede obtener una tarjeta SIM sin necesidad de mostrar su Documento Nacional de Identidad (DNI). Y sin tener que acudir a Internet. Sólo hay que entrar en el locutorio adecuado y abonar el precio indicado, que suele oscilar entre los 10 y los 15 euros.
Sin ir más lejos, en el céntrico barrio madrileño de Lavapiés más de una decena de dependientes de locutorios –de prácticamente cualquier nacionalidad– vendieron a LA GACETA tarjetas SIM prepago sin necesidad de mostrar el DNI. “Tengo Movistar, tengo Vodafone, tengo Orange, tengo Lebara, tengo todo”, explicó un amable propietario de uno de los locutorios visitados.
“Me puedes enseñar una de Vodafone”, le preguntamos. “Esta vale 12 euros”, respondió. “Pero esta la cojo, la meto en el móvil y ya puedo hablar. ¿No? Porque yo no quiero líos de registros”, añadimos. “No, no, la metes y ya está”, contestó con seguridad. “¿Y luego no me llamarán y me dirán que si no me registro me cortan el teléfono? ¿No me pedirán documentos ni nada? Es que ese es mi problema”, insistimos. “No, no, tú no te preocupes”, sentenció el comerciante desde el otro lado del mostrador.

“Pásate luego”
De modo similar se comportaron otra decena de locutorios visitados. Al preguntar por otra compañía –Lebara, de venta en todo el barrio de Lavapiés– y por la posibilidad de no identificarse tampoco con ella, la respuesta fue clara: “Sí, puede ser, aunque habría que ir a otro sitio”.
En otras ocasiones, los vendedores aseguraban que en ese momento no tenían, pero que podrían proporcionarnos una tarjeta sin necesidad de identificarnos en otro momento. “Pásate a las dos” o “si te vienes a las seis ya tendremos”. En algún caso incluso, a pesar de no tener, cogían una tarjeta estandar y se iban al establecimiento de al lado, hablaban con alguien, utilizaban el ordenador y volvían. “Ya está activa”, aseguraban con rotundidad.
Las tarjetas de telefonía que se pueden conseguir en estos locutorios han sido registradas a nombre de otras personas o con datos falsos y vienen con un saldo cuanto menos sospechoso. “Entre cuatro y cinco euros tiene de saldo esta tarjeta”, explicó un dependiente. “Ocho o nueve euros”, respondió otro. “No sé, un poco más de cuatro”, afirmó un tercero. Por supuesto, ninguno de los negocios ofrece factura alguna tras la adquisición del producto.
La normativa vigente desde el pasado mes de noviembre establece los requisitos formales que las tiendas oficiales deben exigir al comprador de una tarjeta SIM prepago, que básicamente se resumen en: registrar el nombre, los apellidos y el lugar de residencia del comprador. Dichos datos –nos explican desde un establecimiento oficial de Movistar– son almacenados, como indica la Ley, en un libro-registro. Una vez recogidos, comienzan los trámites para activar la tarjeta y que el usuario pueda disponer de línea para llamar con libertad.
Fuentes policiales consultadas por LA GACETA aseguran desconocer que este tráfico de tarjetas se esté dando actualmente en España, aunque explican que las mafias y bandas de delincuencia organizada sí consiguen saltarse la legislación de otro modo. Por ejemplo, a través de la denominada técnica del hombre de paja. Al igual que ocurre con el blanqueo de dinero, el delincuente convence y paga a una persona –normalmente un vagabundo, un indigente o alguien en situación similar– para que vaya a la tienda oficial y compre con su identidad varias tarjetas SIM. A cambio, según el analista policial consultado, el delincuente ofrecería una insignificante cantidad de dinero al hombre de paja.
En el caso de que la Policía rastreara el origen de las llamadas, únicamente daría con el indigente que adquirió el móvil. La misma fuente asegura que “son prácticas que benefician a las bandas especializadas en blanqueo de dinero y delitos económicos, ya que por una cantidad que es cuanto menos irrisoria consiguen establecer comunicaciones sin identidad”.

Barrios humildes
“Una de las razones por las que este tipo de comercios mantiene la venta ilegal de tarjetas sin identificar es que sus propietarios podrían ser precisamente los promotores de estas actividades”, aseguraron algunas fuentes consultada. Otras, sin embargo, apuntan que el motivo de que estos comercios vendan tarjetas de forma ilegal puede ser la desinformación de los propietarios de estos locales o sus necesidades económicas, ya que, como en Lavapiés, estas cosas pueden estar ocurriendo en barrios humildes, donde predominan residentes de diversas nacionalidades. Chinos, africanos, paquistaníes, indios, marroquíes y de otras partes del mundo vendieron a LA GACETA tarjetas de manera ilegal sin problema alguno.
La pena por llevar a cabo este fraudulento intercambio es la cárcel o multas de hasta 600.000 euros, explican las fuentes consultadas. El Código Penal –en sus artículos 401 y 390– establece penas de cárcel de seis meses a tres años y multa de seis meses a un año para el que “usurpare el estado civil de otro o falseara un documento de carácter público”. La responsabilidad penal en este sentido recaería sobre el propietario del comercio que haya vendido las tarjetas..
Asimismo, la nueva ley establece sanciones de entre 30.000 y 600.000 euros para las compañías de telefonía que permitieran este tipo de ventas. Hasta el momento no existe una sentencia firme por este tipo de delitos mientras circulan impunemente tarjetas telefónicas sin dueño identificable como las que se utilizaron para provocar la matanza del 11 de marzo de 2004, que acabó con la vida de 192 personas en Madrid.



Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)