ETA tendría dinero para dos años más.

Las fuerzas de seguridad reconocieron ayer que la certificación, por parte de ETA, de que ha puesto fin a la extorsión contra los empresarios supone «un paso importante», aunque su «validez policial es relativa» ya que la banda dispone ahora mismo de fondos económicos para mantenerse durante dos años sin necesidad de recurrir al chantaje, según cálculos de los expertos antiterroristas. Siempre, eso sí, que los comandos continúen inactivos y no vuelvan a cometer atentados. Es entonces cuando la organización utiliza sus principales recursos para crear las infraestructuras que necesitan los taldes para seguir a sus víctimas, perpetrar los ataques y, posteriormente, huir y ocultarse.

La Guardia Civil y la Policía Nacional tenían ya indicios fehacientes de que la dirección etarra había dejado de amenazar a los empresarios a raíz de que el 10 de enero anunciara su tregua permanente y verificable. El calificativo de «general» aplicado por los terroristas a su alto el fuego apuntaba que éste abarcaba al ‘aparato de recaudación’, presunción que se vio confirmada por la ausencia de nuevas cartas de chantaje a los industriales. Fuentes policiales explicaron ayer a este periódico que la última nota, donde los etarras «cancelan» sus exigencias económicas al colectivo empresarial, posee un «indudable valor», en especial «porque tienen muy difícil volver a extorsionar una vez han anunciado que lo dejan».

Los mismos expertos consideran también que el mensaje constituye un «gran golpe propagandístico» de ETA, «tan grande como lo fue el comunicado en el que anunciaron la tregua», y que, por una parte, podría entenderse como un gesto de su cúpula para demostrar que el alto el fuego es «verificable». Paradójicamente, aunque la carta llegó a la patronal navarra el día 26, su existencia y contenido se conoció ayer, el mismo día en que llegaba el grupo de observadores creado por el abogado sudafricano Brian Currin para ‘facilitar’ el proceso de normalización.

Dar «oxígeno» a la izquierda abertzale
Nadie duda de que los etarras han dado un argumento a los mediadores internacionales y a la izquierda abertzale radical –que desde la firma del Acuerdo de Gernika han agradecido cualquier paso de la organización en descargo de sus posicionamientos violentos– para que se pronuncien en favor de unas supuestas intenciones de asumir un proceso de normalización, pero sin la necesidad de dar pasos mayores, como «entregar las armas o parte de su arsenal, que sería lo lógico». De otro lado, la organización buscaría dar «oxígeno» a la antigua Batasuna –en horas muy bajas tras la impugnación de Sortu y de las listas de Bildu– y «trasladar la pelota al tejado del Estado», en una especie de reclamo indirecto de que es al Gobierno al que «le corresponde dar pasos ahora».

Para ETA, la extorsión ha sido una actividad criminal clave de cara a financiar su actividad y mantener sus estructuras engrasadas. Tanto es así que en anteriores periodos de tregua la banda, en documentos internos intervenidos por las fuerzas de seguridad, exponía la conveniencia de pedir al Ejecutivo el dinero que perdía temporalmente por el descenso de la recaudación del ‘impuesto revolucionario’.
¿Por qué en este momento la organización armada puede permitirse esta decisión? En primer lugar, los expertos antiterroristas recuerdan que los etarras «prácticamente no ‘recaudan’ o lo hacen en menor cuantía en momentos de tregua porque sus amenazas son menos efectivas». Además, «siempre han jugado a cerrar frentes, como cuando anunciaron que no atentarían en Cataluña. Son estrategias políticas de concesiones» que «pueden cambiar en cualquier momento –advierten las mismas fuentes–. Nadie garantiza que, si sus pretensiones no registran avances, no vuelvan dentro de un tiempo a la extorsión, aunque siempre será más complicado».



Fuente: ABC (www.abc.es)