La alcaldesa de Hospitalet paga una mezquita en suelo público.

El ayuntamiento socialista de Hospitalet (Barcelona) invirtió en el año 2007 algo más de 176.000 euros en la construcción de una mezquita prefabricada en la calle Fortuna de este municipio, cuya beneficiaria es la comunidad islámica que controla la entidad Al Fath, con el compromiso de que esta asociación musulmana buscase un local definitivo en el que poder celebrar sus ceremonias religiosas.

Sin embargo, transcurridos cuatro años, continúa ocupando el edificio de propiedad municipal, edificado sobre un terreno de titularidad pública que pertenece al Instituto Catalán del Suelo (Incasol). Así lo asegura el propio ayuntamiento en la respuesta facilitada el pasado mes de marzo a una pregunta del grupo municipal del PP, según ha confirmado el concejal de este partido Juan Carlos del Río en declaraciones a Radio Intereconomía en Cataluña.

El Partido Popular ya interpeló en 2007 al ayuntamiento sobre la cesión. El consistorio respondió entonces que, dadas las carencias que presentaba el anterior local –ubicado en el mismo lugar– y la falta de seguridad, facilitaba provisionalmente la nueva instalación, a la espera de que se trasladase a otro emplazamiento definitivo, cosa que todavía no se ha producido.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Hospitalet ha denunciado el hecho de que “después de cuatro años se mantenga una mezquita en un terreno público, sufragada con cargo al presupuesto municipal y sin que los beneficiarios paguen absolutamente nada de alquiler”, máxime cuando la asociación no ha cumplido con su compromiso de encontrar en un plazo de tiempo razonable un nuevo local para desarrollar sus actividades religiosas. Asimismo, considera que con este proceder se discrimina a otras confesiones, especialmente a la Iglesia católica –blanco en los últimos meses de una iracunda campaña de ataques y hostigamiento–, y se despilfarra dinero público en un momento de crisis.

Precisamente, el PP ha requerido el importe de la subvención que recibe Al Fath, pero el ayuntamiento se ha negado a revelar tanto las cantidades otorgadas como al resto de entidades culturales musulmanas, alegando desconocer este dato, ya que “no se registra ni se solicita la religión profesada por las personas que promueven o dirigen asociaciones”.




Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)