Zapatero gratificó con 250.000 euros a altos cargos de la Unión Europea.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no se aplicó a sí mismo la optimización de recursos, tan extendida hoy en día como consecuencia de la crisis, en la organización del semestre de la Presidencia española de la Unión Europea (UE). Un informe del Tribunal de Cuentas que acaba de ver la luz recoge numerosas deficiencias contables y de previsión cometidas por el Ejecutivo socialista.

El texto señala que cuando se consignaron las correspondientes partidas para dicho mandato en los Presupuestos Generales del Estado de los ejercicios 2009 y 2010, el Gobierno no había contemplado, en lo relativo a gastos de personal, una serie de “gratificaciones” que luego percibirían los integrantes de la Oficina del Alto Representante para la Presidencia Española de la UE.

El 18 de abril de 2008, el Consejo de Ministros eligió para este puesto, con rango de secretario de Estado, al diplomático Nicolás Martínez Fresno, ex fontanero de Moncloa al frente de la Dirección de Protocolo durante la etapa de Felipe González. A Martínez Fresno se le rodeó para la causa de 29 personas, que constituían el Gabinete y la Secretaría de la Oficina, y de una Unidad de Apoyo, dotada de otras 21. Este equipo, que tenía entre sus principales tareas la organización de las cumbres y la elaboración de los programas, fue remunerado en su conjunto con más de 2,3 millones de euros.

Sin embargo, tales retribuciones no quedaron ahí, pues también percibieron una propina por los “servicios extraordinarios prestados”, que ascendió a un importe total de 262.976 euros. Un supuesto sobreesfuerzo en las tareas de despacho que tuvo luego su recompensa, pese a que, tal y como recoge el informe del órgano fiscalizador, dicha Unidad de Apoyo notificó que había organizado sólo 47 de los 368 eventos y reuniones previstos inicialmente.

Además de las actuaciones relacionadas con el Ministerio de la Presidencia, que entonces controlaba María Teresa Fernández de la Vega –al que estaba adscrita la Oficina del Alto Representante para la Presidencia Española de la UE–, el Tribunal de Cuentas también ha inspeccionado las operaciones relativas a otras dos carteras, la de Asuntos Exteriores y Cooperación y la de Interior. Sobre esta última, entonces dirigida por Alfredo Pérez Rubalcaba, el informe señala que “el gasto de dietas de la Policía fue menor del esperado, ya que se utilizaron efectivos de las localidades implicadas en los eventos”. Una sinergia y una optimización de recursos que no se dio en las altas esferas de gestión y que llevó a montar dicho bufete con Martínez Fresno a la cabeza, habiendo personal suficiente en la Administración, de menor rango, perfectamente capaz de desempeñar las mismas funciones.

Una vez concluido el semestre de mandato europeo, el Gobierno de Zapatero acordó eliminar la figura del Alto Representante para la Presidencia Española de la UE. Este recorte, efectuado en julio de 2010, ha sido una de las escasas podas llevadas a cabo por el Ejecutivo dentro de su corte de 500 altos cargos y asesores.

La oficina comandada por Martínez Fresno también se encargaba de las adjudicaciones de los contratos, negociado donde el informe del Tribunal de Cuentas halla, asimismo, múltiples irregularidades. En el listado de anomalías, se incluye, por ejemplo, la concesión de 14 contratos mediante procedimiento negociado sin publicidad, esgrimiendo “una imperiosa urgencia, resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo”. El órgano fiscalizador reprueba que se apele a tal “urgencia” cuando en seis de estas adjudicaciones –sobre alquiler de espacios y mobiliario– “la fecha y lugar de los eventos se conocía ya antes de que se iniciara la tramitación de los expedientes” por la vía rápida.

Por otro lado, otros 11 contratos –también con procedimiento negociado sin publicidad– se realizaron con carácter “secreto o reservado”, cláusula habitual cuando la ejecución debe ir acompañada de medidas de seguridad especiales. Uno de ellos –cuestiona el tribunal– estaba dirigido al suministro de corbatas y pañuelos con el logo de la Presidencia Española de la UE. En cuanto al resto, el Gobierno justificaba la confidencialidad por el acceso que tenía el adjudicatario a datos de las instalaciones y los eventos. Sin embargo, el informe dice que “no queda acreditado cómo afectaba a la seguridad del Estado” la firma de contratos que sólo tenían por objeto suministrar mobiliario.




Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)