El problema se remonta a algo más de una década, cuando se construyó un bloque de viviendas de cinco alturas que carecía de célula de habitabilidad, y cuyos precios ascendían a 600.000 euros por piso. Al tratarse de un edificio fantasma, no se pudo proceder a la venta y comenzó un largo trasiego de pobladores, desde drogadictos hasta mendigos. Fuentes municipales confirman a GACETA.ES que el ayuntamiento nunca le ha dado a esa construcción la licencia “porque tiene varias ilegalidades, y las personas que lo habitan se han saltado una orden de precinto entrando en el mismo”.
Los últimos pobladores
Los últimos habitantes, las familias completas, llegaron al lugar hace ya más de dos años y se encontraron unos apartamentos en perfecto estado. Habían estado salvaguardados por unas puertas blindadas, que consiguieron abrir gracias al manojo de llaves que encontraron intacto en el sótano. Desde entonces, viven sin causar demasiadas molestias y, lo que es mejor aún, han conseguido que en el inmueble no se instalen yonkis. De ahí, el desconcierto de los vecinos por no saber qué postura deben tomar en el asunto.
Según informan las mismas fuentes, en marzo del año pasado el ayuntamiento solicitó al juez unaorden de clausura de los generadores eléctricos, ya que existían riesgos para la seguridad. Gracias a esta petición, el juzgado permitió acceder al garaje para retirarlos, pero no así a las viviendas. Por su parte, los okupas se han mimetizado tanto con el barrio que hasta creen tener los mismos derechos que quienes pagan religiosamente sus hipotecas. Tanto es así, que han solicitado al ayuntamiento que les reponga la luz y, ya de paso, que les instale agua y -según revelan fuentes consultadas- ¡que les arregle la piscina!
Proceder al desalojo de las viviendas y a la demolición del inmueble es una meta muy lejana, porque para ello primero hay que expulsar a sus inquilinos, para lo que a su vez se requiere que sea el propietario el que denuncie. Pero el dueño, hasta el momento, está desaparecido. Por ahora, estas personas “han sido identificadas por la Policía Local y por la Guardia Civil, lo que ha hecho que se les pueda abrir expediente”. “Estamos poniendo todas las medidas a nuestro alcance, por cauces judiciales y administrativos, para lograr solucionar esta situación pero, al ser propiedad privada, el camino no es fácil”, asegura a GACETA.ES el alcalde, Narciso de Foxá.
Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)
No hay comentarios:
Publicar un comentario