El Gobierno presiona al Tribunal Constitucional para limitar la acción popular y facilitar el regreso de Garzón.

Máxima expectación en la decisión que adoptará el Tribunal Constitucional (TC) acerca de la doctrina Atutxa que avaló la Sala Penal del Tribunal Supremo en una sentencia dictada el 8 de abril de 2008. Esta tesis reconoce a la acción popular “la capacidad para acusar y solicitar la apertura de juicio oral, aunque no haya fiscal o acusador particular”.

Fuentes jurídicas consultadas por LA GACETA han señalado que desde el Gobierno se está intentando dar unas directrices al presidente del TC, Pascual Sala, para que limite el ejercicio de la acción popular. “Si finalmente se cercenara la acusación pública del ciudadano, la decisión podría tener unas consecuencias prácticas muy favorables para los intereses del magistrado suspendido de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón”.
Es cierto que la acción popular es un derecho reconocido por la Constitución Española, por lo que no se puede suprimir. “Pero lo que el Tribunal Constitucional si puede hacer es limitarla, de tal manera que el monopolio de la acusación pública quede en manos del Ministerio Fiscal, o sea, del Gobierno”, apunta un destacado miembro de la Judicatura.

Y es que en el TC ya han comenzado los primeros contactos entre los magistrados acerca de la decisión futura que se puede tomar al respecto. De momento, “hay un bloque de magistrados que se inclina por restringir las funciones de la acción popular”.

Fuentes jurídicas han explicado a este diario que “el argumento que el TC está barajando es el siguiente: la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que una vez que el juez de instrucción termina las diligencias de investigación dará traslado de las mismas al fiscal y a la acusación particular para que formule la acusación”. En consecuencia, “este precepto referido al procedimiento abreviado no menciona expresamente a la acción popular, por lo que carece de un despliegue normativo”, explican. Por tanto, este puede ser el resquicio legal para impedir que el pueblo acuse en los asuntos penales. Otro de los argumentos que se dan para restringir la acción popular es que “se abusa de su ejercicio y se utiliza para fines espurios”.

Así las cosas, una de las consecuencias prácticas de esta futura decisión afectaría a a dos de las tres querellas que Garzón tiene abiertas en el Tribunal Supremo. Esto es, en Memoria Histórica y Cobros de la Universidad de Nueva York la acusación es popular. Manos Limpias en la primera y los abogados Mazón y Panea en la segunda. “Cercenar este tipo de acusación podría suponer el archivo de las dos causas por parte de la Sala Penal del Alto Tribunal”, apunta un magistrado. Ahora bien, la querella por las escuchas ilegales del Gürtel está viva porque la acusación particular la ejerce el abogado Ignacio Peláez. Por lo que no le afectaría la hipotética decisión del Constitucional.

Además, “conviene no olvidar que el Consejo General del Poder Judicial sólo ha suspendido cautelarmente a Garzón en sus funciones por investigar los crímenes del franquismo”. “Esto supondría que el órgano de gobierno de los jueces tendría que levantar la suspensión al juez, por lo que regresaría a su destino en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional”. En este sentido, Garzón volvería a instruir todos los sumarios abiertos en dicho juzgado. Entre otros, el Faisán.

Jugada maestra

“Con esta maniobra jurídico-legal orquestada desde el TC el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, se haría una jugada maestra: recorta las funciones de la acusación popular, facilita el regreso de Garzón a la Audiencia Nacional y conseguiría que se archivara la querella contra la Hípica Almenara de Bono, que se investiga en un juzgado de Toledo”, subrayan fuentes jurídicas.

En otro orden de cosas, es de sobra conocido en el mundo jurídico-político que “los dos elementos genuinos que definen el proceso español, el juez de instrucción y la acción popular, el Gobierno socialista los quiere reducir a la mínima expresión”, subrayan fuentes jurídicas. De hecho, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quiere que le reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal esté lista para después del verano.

Fuentes de la Judicatura consultadas por este periódico han señalado que “el enfrentamiento entre la doctrina Botín y la de Atutxa se ha producido desde que gobierna el PSOE”. Antes este asunto no se había planteado porque había unanimidad en dejar la acción popular tal y como está hoy día. “El TC haría un flaco favor a los derechos reconocidos en la Constitución si finalmente opta por cercenar el derecho de participación ciudadana, para otorgar el monopolio de la acusación al Ministerio Fiscal”, razona un jurista. En otras palabras, “significaría cambiar las reglas de juego a mitad de partido, pues se modificaría la interpretación de un precepto legal. Limitar esta acción es contrario a la tradición jurídica española”, enfatiza.

Por otra parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, almorzó el miércoles con los presidentes del Congreso, José Bono; del Senado, Javier Rojo; del Tribunal Constitucional, Pascual Sala y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, según EP.

La comida, a la que convocó Zapatero, tenía como telón de fondo la más que probable ilegalización de Sortu o el bloqueo en la renovación de cuatro magistrados del TC por el Congreso, que tienen vencido su mandato desde el pasado mes de noviembre.




Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)