Los expertos dan por hecho que el Supremo condenará a Garzón como mínimo a 10 años de inhabilitación

Pasado mañana, martes, comenzará en el Tribunal Supremo uno de los juicios del año. Baltasar Garzón, sentado en el banquillo acusado de un presunto delito de prevaricación judicial y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales. El magistrado instructor Alberto Jorge Barreiro dictó el día 11 de abril del año pasado el preceptivo auto de apertura de juicio oral en el que justificaba sobrados motivos para imputar a Garzón por su conducta ilícita.
Expertos penalistas consultados por LA GACETA llegan a la conclusión de que la Sala Penal del Tribunal Supremo condenará al juez suspendido Garzón por los delitos anteriormente citados. La principal es que “ordenó unas grabaciones a los abogados con su cliente en prisión sin base legal alguna y sin motivar tal decisión”. Y es que el auto de apertura de juicio oral razonó en su día que “el magistrado acusado (Garzón) decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales que mantuvieran los internos con los abogados, sin excluir a los defensores que tenían encomendada la defensa en el proceso penal”.
Acciones sin límites
Así, un destacado miembro de la judicatura y compañero de Garzón explicó a este diario que “la actuación del imputado supone que hayamos vuelto a una época anterior a la Constitución”. Es más, “no ha tenido en cuenta los valores y principios constitucionales. Parece como si todo valiera para perseguir al delincuente sin limitación alguna”. En definitiva, “es un juez inquisidor, justo el modelo contrario que implanta nuestra Carta Magna, ya que no ha respetado los derechos fundamentales del abogado y su cliente en prisión”.
Para este experto penalista, “Garzón ha confundido la labor de un juez de instrucción en un Estado de derecho con la labor de investigación de la Policía (esto explicaría las cenas con altos mandos policiales o la cacería en la sierra de Jaén con el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo)”.
Otro experto penalista, que forma parte de un importante órgano constitucional, subrayó que “en la instrucción de Garzón en el Gürtel se conculcó el principio en el Derecho Penal de igualdad de armas entre las partes”. Para este jurista, “existe una indefensión de caballo para los abogados porque la Fiscalía Anticorrupción tuvo acceso al contenido de las escuchas, por lo que conocía la estrategia de defensa de los letrados”.
En este sentido, recordó este penalista, “la intervención de las escuchas sólo están autorizadas en casos de terrorismo y cuando se sospecha que el abogado pueda estar implicado o colaborando. Pero las grabaciones del Gürtel no tenían nada que ver con esto”.
Un miembro de la Abogacía añadió a este diario que “desde antiguo he visto a Garzón como un policía con poderes judiciales que no repara en medios con tal de salirse con la suya”. Para este jurista, “en la Memoria Histórica Garzón ha sido víctima de su vanidad, en las escuchas de su soberbia y en los cobros de su codicia”. “Se creía por encima de la ley hasta que ha sido aplastado por su propio peso”.
Así las cosas, los penalistas coinciden en que Garzón traspasó la línea roja que separaba el derecho fundamental al secreto en las conversaciones. El auto de apertura de juicio oral dejó muy claro que “al acusado le resultó indiferente que el contenido de las conversaciones mantenidas entre los internos y sus abogados no tuviera otro que aspectos nucleares sobre las estrategias de defensa”.
Intento fallido

En el juicio el Ministerio Fiscal pedirá la absolución de Garzón al justificar las grabaciones de las conversaciones. Por su parte, la acusación particular, representada por el abogado y fiscal en excedencia Ignacio Peláez, al que se une el abogado José Antonio Choclán solicitarán para Garzón más de 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Los juristas consultados señalan que en el caso de que el Supremo decidiera condenar al juez por prevaricación, la pena mínima que se le pondría sería de 10 años.
El miércoles pasado Supremo y Constitucional decidieron que Varela y Marchena formen parte del tribunal sentenciador. Un intento fallido al no aceptar su recusación. (La gaceta)