El Gobierno propuso a ETA acabar con la 'doctrina Parot' y soltar a sesenta asesinos.

“Doctrina Parot: la dejarán sin efecto, es cosa del Constitucional y pueden derogarla”. Así describía el negociador y jefe etarra Javier López Peña, Thierry, el presunto compromiso del Gobierno con ETA para acabar con la acumulación de penas de presos terroristas. Si las actas del dirigente etarra son verdad y no “bazofia llena de mentiras”, como dice Rubalcaba, el Ejecutivo se estaba comprometiendo durante el proceso de paz a liberar de facto a decenas de reclusos etarras con delitos de sangre.

Hoy hay 61 etarras que han visto alargada su pena gracias a la doctrina Parot. Quince han recurrido en amparo al Tribunal Constitucional, que debe decidir sobre su futuro. Entre los etarras que pueden verse beneficiados por la decisión del TC están el propio Unai Parot, así como los criminales Ignacio Arakama Mendía, Makario, Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, o Inés del Río Prada. Además de los terroristas ya afectados, de cara al futuro otros 120 etarras podrían ver cómo se acumulan sus penas, según calculan fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por LA GACETA.

El 20 de febrero de 2006, el Tribunal Supremo emitió la sentencia 197/2006, que traía causa de un recurso interpuesto por el etarra Henri Parot (de ahí el sobrenombre). Los magistrados del Supremo estipularon que los beneficios penitenciarios obtenidos por un preso se aplicarían a la suma de sus condenas. Hasta ese momento, los beneficios se aplicaban siempre a los 30 años de condena, el máximo de cumplimiento según el Código Penal de 1973. Es decir, merced a esta doctrina, si un recluso está condenado a un total de 100 años de cárcel por varias condenas, los beneficios que obtenga se calculan sobre esos 100 años, y no sólo sobre 30. Con esta doctrina en funcionamiento, no hubiera sido posible, por ejemplo, que De Juana Chaos, condenado a 3.000 años de cárcel, sólo cumpliera 18.

La referencia a la doctrina Parot aparece en las actas de Thierry en el capítulo de conclusiones tras los encuentros del Gobierno y ETA acaecidos entre junio y septiembre de 2006.

En el resto de los papeles del jefe terrorista no aparecen referencias directas, pero sí indirectas. Así, tras la reunión entre la banda criminal y el Ejecutivo del 27 de octubre de 2006, Thierry se refiere a “beneficios penitenciarios” y cita varios casos concretos, como el de De Juana o el carcelero de Ortega Lara, pero no alude a la doctrina Parot.

Sin embargo, tras el segundo de los encuentros mantenidos por los negociadores de ambas partes en mayo de 2007 en Ginebra, Thierry asegura que el Gobierno dice que los presos “con delitos de sangre” sólo accederán a la libertad “tras el desarme de ETA”.

En cualquier caso, las referencias de Thierry a la doctrina Parot evidencian que el Gobierno presumía ante sus interlocutores etarras de contar con la complicidad del Tribunal Constitucional –que entonces presidía María Emilia Casas, de tendencia progresista–. Hoy también son cercanos al PSOE quienes dirigen el tribunal. En concreto, Pascual Sala, presidente del TC, es considerado un felipista de pura cepa. Junto a él está el vicepresidente Eugeni Gay, también progresista.

Primera decisión
El pasado mes de febrero trascendió que el Constitucional ya ha resuelto un recurso contra la doctrina Parot. El tribunal tumbó el recurso del propio Henri Parot, pero por un defecto de forma. Los magistrados del Alto Tribunal inadmitieron el recurso porque entienden que el terrorista no agotó las vías ordinarias que debía utilizar antes de recurrir al TC. Así, no entraron a valorar el fondo de la cuestión, que se conocerá cuando decidan sobre los otros recursos pendientes.

Teniendo en cuenta la importancia de la decisión, lo más lógico es que se ocupe del asunto todo el pleno del TC. Corresponde al presidente convocar el pleno para este tipo de asuntos. Así pues, Pascual Sala, de conocida afinidad al PSOE, y el resto de miembros del tribunal –con mayoría de progresistas– decidirán sobre el futuro de los etarras hoy afectados y de otros muchos que puedan verse afectados en el futuro.

Batalla constante
Para ETA y su entorno, la doctrina Parot ha supuesto un duro revés. De hecho, desde las organizaciones conectadas a la banda criminal no para de atacarse a esta forma de acumular penas a los reclusos terroristas. Lógicamente, son las organizaciones de familiares de presos, como Etxerat, las que periódicamente exigen a los cuatro vientos la derogación. Es una batalla constante de los acólitos de los terroristas. No obstante, también algunos partidos nacionalistas vascos critican esta doctrina, al igual que hacen con la dispersión de presos etarras por las cárceles españolas.

La prueba de que el asunto de los presos es clave para el final del terrorismo es que tanto la propia ETA-Batasuna como los mediadores internacionales que encabeza Brian Currin siempre se refieren a “cambios en la política penitenciaria” para incluirlos en la negociación que reclaman. Como pasó en el proceso de paz.



Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)