El Gobierno abre la puerta a la gestión privada de las televisiones autonómicas.

Un cambio de la actual ley de comunicación audiovisual permitirá a las comunidades autónomas elegir el modelo de gestión que deseen para sus respectivos canales de televisión pública.

El Consejo de Ministros ha estudiado un informe sobre el anteproyecto de ley de modificación de la Ley de Comunicación Audiovisual relativo a los modos de gestión de los canales públicos autonómicos, ha asegurado este viernes en rueda de prensa la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

"Uno de los compromisos del partido que sustenta el Gobierno fue ampliar la posibilidad de las Comunidades Autónomas para que libremente pudieran decidir la fórmula de gestión de los canales públicos de televisión", ha recordado Saenz de Santamaría.

El pasado 1 de noviembre, el PP difundió su programa electoral en el que ya se anunciaba que abriría la posible entrada de la participación privada en la gestión de las televisiones públicas, así como establecer techos máximos de gasto y de endeudamiento para todos los medios de comunicación públicos.

En su programa anunciaba el estudio de la viabilidad económica del actual modelo de televisiones públicas para "redimensionarlas" y "adaptarlas" a la coyuntura presupuestaria que se vive en la actualidad.

Anunciaba así el impulso de las reformas legislativas necesarias para que las administraciones autonómicas y locales tuviesen libertad para adoptar nuevos modelos de gestión de las televisiones públicas que permitan la entrada a la participación privada.

Un modelo abierto
La vicepresidenta ha explicado hoy que no se trata de un modelo cerrado, y que ahora el informe ha sido sometido a la consideración preceptiva de Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).

Es una norma que busca ayudar a las distintas administraciones a elegir los modos de gestión de estos servicios públicos que sean "más eficaces y más eficientes o que hagan más fiables los servicios en el sector audiovisual que presta".

"No se trata de constreñir el marco de la gestión sino de ampliar las posibilidades que tiene cada comunidad autónoma en el marco de sus estatutos y dentro de sus competencias para decidir cómo gestiona este servicio público si directamente o con fórmulas de gestión indirectas", ha concluido.


Fuente: ABC (www.abc.es)