La ONU proclama el dogma de género.

El pasado diciembre, la ONU elaboró un documento en el que se efectúa una reinterpretación de los derechos humanos. Dicha reinterpretación ya había sido anunciada con anterioridad por el secretario general de la organización mundial, Ban Ki-Moon: “Comprendo que la orientación sexual y la identidad de género suscitan cuestiones culturales sensibles. Pero la práctica cultural no puede justificar ninguna violación de los derechos humanos”. Lo cual le había valido el rechazo de la Iglesia Católica.

El documento presentado ahora, titulado Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género, establece las citadas características, la “orientación sexual” y la “identidad de género”, como derechos humanos dotados del mismo valor que el resto de derechos proclamados en la declaración de 1948.

La Santa Sede argumentaba su rechazo en que tal definición favorece el estilo de vida homosexual y, sobre todo, en que impulsa una persecución hacia aquellos que no acepten dicho estilo de vida. Ahora, tras la elaboración del nuevo documento, que la Iglesia no erraba en su diagnóstico parece aún más claro.

Terapia reparadora

El director del informe, Charles Radcliffe, destinado en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, ha explicado que “todas las personas tienen libertad religiosa, pero las creencias religiosas o los valores culturales predominantes no pueden justificar despojar a otros de sus derechos básicos”. Recordemos que la “identidad de género” y la “orientación sexual” están consagradas en este informe como un derecho básico. Si leemos, pues, esta declaración en su contexto, no es difícil deducir que para Radcliffe las creencias religiosas se encuentran en una posición subordinada con respecto a los derechos de los homosexuales.

Por tanto, si una organización religiosa establece diferencias por razones de género o de orientación, o bien por motivos sexuales de cualquier tipo, pasa a ser considerada como si de una secta que predicase el asesinato se tratara, pues el derecho a ser gay no es menor que el resto de derechos.

En el informe se desaconseja el empleo de términos como “antinatural”, “libertinaje” o siquiera el de “moralidad”; de hecho, el concepto de “decencia” no podrá utilizarse para poner límites a la información sexual. De forma específica, se proscribe siquiera el planteamiento de que pueda existir ningún tipo de “terapia reparadora” dirigida a los homosexuales, pues al margen de que dicha terapia pudiera sea “potencialmente perjudicial”, sobre todo “contribuye al estigma”. La mera suposición de que la homosexualidad pueda ser tratada parece implicar su consideración como enfermedad.

Fundamentalista religioso

El informe va incluso más allá cuando asimila a los diferentes grupos que rechazan las pretensiones de las organizaciones LGTB como si entre ellos hubiese algún tipo de identidad esencial: neonazis, grupos paramilitares, ultranacionalistas y fundamentalistas religiosos son todos condenados por igual al oponerse a los nuevos portadores de derechos. Por supuesto, se entiende por fundamentalista religioso a todo aquel que no modifique su moralidad de acuerdo con los nuevos criterios.

La legislación de cada Estado miembro de la ONU debe adecuarse a lo marcado por esta. Las escuelas tendrán que ajustarse a las normas aprobadas y los medios de comunicación estarán obligados a proyectar una imagen que rechace todo estereotipo (se entiende que negativo) de estos grupos sociales, “en particular en los programas de televisión populares entre los jóvenes”. Los sistemas de sanidad pública tendrán que proceder de forma gratuita a la reasignación de sexo. Los transexuales podrán “obtener el reconocimiento legal de su género preferido, incluida la modificación del sexo y el nombre en los documentos de identidad”.

El informe será tratado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en marzo de 2012. Su aprobación, en la medida en la que sea respaldada y aplicada, supondrá la exigencia de que las Iglesias se adapten a esta normativa. ¿Qué sucederá con aquellas instituciones que no plieguen sus creencias a los dictámenes de la ONU?

Todos menos los católicos

La Administración Obama ha decidido retirar todo apoyo económico a la Office of Migrations and Refugees Services, la ONG estadounidense que atiende a mayor número de personas del país, un 26 %. El motivo es que aquellas instituciones que no promuevan la agenda abortista y de género no tienen el visto bueno de un Gobierno que, fuera de su país, condiciona toda ayuda económica en los países del Tercer Mundo a que estos aprueben sus proyectos abortistas.

Un periódico italiano (La Bussola Quotidiana) ha denunciado que la más poderosa asociación de derechos civiles norteamericana ha amenazado con denunciar a su Gobierno si este no se sujeta al Protocolo Ético sobre Reproducción, que obliga a toda clínica que reciba fondos del Estado a practicar abortos.

Nada les ha importado que la eficiencia de la organización católica esté largamente probada. Como ha explicado sor Mary Ann Walsh, su portavoz, “nuestro programa funcionaba bien en la realidad, pero no era así según los administradores que promueven la agenda del aborto y la contracepción, aquellos que se escandalizan del hecho de que, según las enseñanzas de la Iglesia, no se promueva la supresión de vidas inocentes, la esterilización y la fecundación asistida”.

Los obispos norteamericanos han protestado por la discriminación de que es objeto la Iglesia declarando que “parece que existe una nueva regla no escrita del Departamento de Salud. La regla del ABC: Anybody But Catholics, ‘Todos menos los católicos’.


Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)