El Gobierno se plantea suprimir 448 empresas públicas.

Los Reyes Magos han traído en el Consejo de Ministros adelantado a este 5 de enero un segundo paquete de medidas destinadas a combatir el déficit público acumulado en el Estado, las autonomías y los ayuntamientos. Tal y como avanzó ABC, el principal informe debatido hoy por el equipo de gobierno de Mariano Rajoy lo ha puesto sobre la mesa el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, con un proyecto para adelgazar la administración en el tercer escalón, tras suprimir ministerios y 30 direcciones generales. Ahora le ha tocado el turno a la reestructuración del sector público. El informe que se ha estudiado y que se llevará al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera en enero aborda como un compromiso el objetivo que ya se planteó en el mismo escenario en una reunión en 2010: de los más de 4.000 organismos, entes y consorcios que se encuadran en el entramado público, se propuso reducirlas en 515. "Sólo se han suprimido el 13%", ha dicho hoy Soraya Sáenz de Santamaría en rueda de prensa tras el Consejo, por lo que el Ejecutivo se fija el objetivo de reducir las 448 empresas restantes.

En ese Consejo, que todavía no tiene fecha fija, se debatirá también con cada Administración autonómica el estado de sus cuentas y si tienen más déficit del techo fijado por la Constitución, ha rubricado la "número dos" del Ejecutivo, y la responsabilidad derivada del grado de incumplimiento, en caso de que lo haya.

El Gobierno encabezado por Rajoy ha afrontado por segunda semana consecutiva la adopción de medidas para rebajar del 8% de déficit público con el que se cerró 2011 al horizonte del 4,4% comprometido para 2012 con Bruselas. Convergen con ese objetivo las iniciativas para simplificar la estructura pública y reducir las duplicidades, un compromiso electoral que asumió el jefe del Ejecutivo en su discurso de investidura, el pasado 19 de diciembre, y que prometió aplicar en el primer trimestre de su mandato.

Soraya Sáenz de Santamaría ha informado en una intervención ante los medios en Moncloa que se ha demorado por la envergadura de los temas tratados en el Consejo de Ministros de que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, va a dirigirse por carta al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a fin de recabar toda la opinión referente a las retribuciones salariales que percibieron los banqueros y, en especial, los gestores de aquellas entidades que atraviesan dificultades. Con toda esa información en su mano, el Ejecutivo adoptará medidas para que quienes han colocado a las entidades financieras en una situación insostenible "no sean premiados" y, posteriormente, tomar más iniciativas en línea con la reforma del sector financiero que quiere adoptar el Ejecutivo. En la reordenación de este sistema bancario es fundamental saber "si las retribuciones en la cúpula de las entidades son adecuadas", ha apuntado la vicepresidenta del Gobierno. Novagalicia Banco, cuya matriz fue la fusión de las dos cajas de ahorro gallegas -Caixa Galicia y Caixanova-, es una de las afectadas por este requerimiento.
Limitar el pago en efectivo, en estudio

Por otro lado, el departamento que conduce Montoro también ha planteado la necesidad de limitar el uso del pago en efectivo para determinadas transacciones económicas, una fórmula que ya se están poniendo en marcha países del entorno como Italia y Francia y que el Gobierno "estudia" implantar, ha afirmado Sáenz de Santamaría. "Consideramos esta medida un elemento clarificador de dónde se están produciendo bolsas de fraude y pagos en dinero negro", ha subrayado la vicepresidenta, dentro de un plan amplio de lucha contra el fraude fiscal que nacerá con la aspiración de recaudar 8.171 millones. En sintonía con esta iniciativa tributaria, el Ejecutivo pondrá "cerco" a la evasión de dinero a paraísos fiscales, como Andorra, Gibraltar o Las Antillas holandesas, entre otros destinos.

La portavoz no ha eludido incidir en la contrariedad del Ejecutivo al cerrarse el ejercicio fiscal de 2011 y verificar que la Seguridad Social ha concluido el año con un déficit del 0,06% del Producto Interior Bruto (PIB), unos 668 millones de euros. "La realidad es más dura de lo que pensábamos y también lo serán las medidas", ha repetido la "número dos" del equipo popular en Moncloa, como también abundó el pasado viernes cuando cuatro ministros económicos informaron de que se subía "temporalmente" el IRPF y el IBI de los españoles, además de congelar el sueldo de los funcionarios y el salario mínimo interprofesional.

Interpelada por esos gravámenes no programados por el PP en su campaña electoral, Sáenz de Santamaría ha querido ser clara: "Son medidas impopulares que a ningún gobierno le hubiese gustado adoptar, pero la realidad ha demostrado ser bastante más difícil". Además, la también ministra de Presidencia ha contextualizado la aprobación de estos paquetes de iniciativas por el Ejecutivo en el próximo Consejo Europeo de finales de este mes de enero, cuando se pase revisión a las economías de la Unión Europea y las directrices que están poniendo en marcha en plena crisis.


Fuente: ABC (www.abc.es)