Un concejal de Izquierda Unida en Sevilla, imputado por presuntas coacciones a empleados.

La Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía considera que los miembros de IU Antonio Rodrigo Torrijos y Carlos Vázquez, los entonces primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y coordinador del grupo municipal de IU, respectivamente, pudieron cometer un delito de amenazas y otro contra la integridad moral de las personas durante los despidos dictados en la empresa municipal Sevilla Global. Según el escrito de denuncia presentado ante el juzgado por la fiscal Ana María Hermosa el 16 de febrero de 2011, al que ha tenido acceso este periódico tras su reciente traslado a las partes, de la sentencia del TSJA declarando nulo por «motivación ideológica» uno de los despidos «pudiera derivarse responsabilidad penal, en cuanto que los hechos acaecidos pudieran ser constitutivos de un delito de amenazas del artículo 171 y otro contra la integridad moral del artículo 175, ambos del Código Penal». La Fiscalía Superior entiende que en el citado despido «se han vulnerado los siguientes derechos fundamentales: la existencia de un trato discriminatorio derivado del hecho acreditado de que se sancione al actor con su despido por verter su personal opinión a lo que políticamente se le mandaba; y vulneración de la dignidad del trabajador unido a su derecho constitucional al honor profesional».

Estos hechos motivaron la denuncia del Ministerio Público, que está firmada por el fiscal superior, Jesús García Calderón, y que se está instruyendo en el juzgado número 13 de Sevilla. De hecho, el próximo martes 10 de enero los dos imputados tendrán que declarar ante la juez Ana Rosa Curra Rojo. Pero ambos, a quienes el secretario judicial leyó sus derechos el pasado 11 de abril, ya saben que se enfrentan a penas que podrían oscilar entre seis meses y cuatro años de cárcel. Eso es lo que refleja el artículo del Código Penal citado por la Fiscalía: «La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y fuera de los casos comprendidos en el artículo anterior —que se refiere e la tortura—, atentare contra la integridad moral de una persona será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años si el atentado fuera grave, y de prisión de seis meses a dos años si no lo es. Se impondrá, en todo caso, al autor, además de las penas señaladas, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a cuatro años».

A esto hay que sumar lo previsto en el presunto delito de amenazas, para el que se prevé una « pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses, atendidas la gravedad y circunstancia del hecho, cuando la amenaza fuere condicional y la condición no consistiere en una conducta debida. Si el culpable hubiere conseguido su propósito se le impondrá la pena en su mitad superior». No obstante, el caso todavía está en su fase de instrucción y Torrijos y Vázquez en este momento están imputados por ello, aunque la postura del Ministerio Público es contundente al respecto en tanto que es quien ha impulsado la querella que va a sentar a los dos miembros de IU ante la juez.

Lo cierto es que la conversación que ambos tuvieron con el gerente de Sevilla Global, José Ramírez, en septiembre de 2009, que fue grabada por éste y desvelada por ABC, ha terminado abocándolos a una situación extrema para ellos. Torrijos y Vázquez quisieron despedir a Ramírez de esta compañía pública por desavenencias internas en IU, pero éste se negó a marcharse y exigió su cese en el siguiente consejo de administración. Los dos políticos le avisaron entonces de que mientras ocurría eso, allí mandaban ellos, y que los trabajadores que le obedecieran tendría que atenerse a las consecuencias. Poco después fueron despedidas once personas. Cuatro juzgados de lo social de Sevilla, el TSJA y el Supremo han coincidido en señalar que fueron despidos dictados «por motivación ideológica», por no ser del partido. Pero la Fiscalía no se ha conformado y exige responsabilidad penal a los dos protagonistas, que se postulan a sí mismos como defensores de los trabajadores.



Fuente: ABC (www.abc.es)