-Abaratamiento del despido: En teoría, cuando este sea improcedente, la indemnización a percibir por el trabajador pasa de los 45 días por año trabajado a los 33, con un tope de 42 mensualidades. En la práctica, se amplían notablemente las causas -que ya incluían con la reforma socialista la subjetiva “existencia de pérdidas actuales o previstas”-que puede alegar la empresa para que el despido sea procedente. Ahora bastará con que la empresa alegue más pérdidas, menos ingresos o menos ventas durante tres trimestres seguidos para dictaminar la procedencia del despido, para el que se fijan 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. La mayoría de las empresas españolas pueden acogerse hoy, merced a un ciclo económico claramente decreciente, a cualquiera de estos supuestos. Y lo hará sin el arbitrio previo de la autoridad legal competente. Esos 20 días de indemnización con un tope de 12 mensualidades se convertirá por tanto en el despido generalizado, invirtiéndose la carga de la prueba, pues será el trabajador quien tenga que demostrar en un juzgado su improcedencia.
-Cambios de ubicación, redistribucion de la jornada de trabajo y bajadas salariales cuando el empresario lo considere oportuno: A partir de ayer, la empresa podrá acogerse a “razones económicas, técnicas, organizativas o de producción” cuando éstas estén “relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa” para redistribuir las condiciones laborales del trabajador. Es decir, tiempo, lugar y salario contarán únicamente con la voluntad unilateral del empresario, al que tan solo se le obligará a notificar su intención al trabajador con quince días de antelación. Si el trabajador decide no resignarse a que el contrato firmado por ambas partes se convierta de facto en papel mojado, deberá una vez mas pelear su derecho en un juzgado.
España adolece de un Estado social que brinde unos mínimos de cobertura al desarrollo vital de sus ciudadanos. Estamos a la cola de Europa en inversión en gasto social. Tenemos una educación deficiente, una sanidad precarizada en vías de privatización, unas pensiones con fecha de defunción, una política de natalidad y de apoyo a las familias inexistente, un paro motejado como “estructural” que es esclavo de un modelo de crecimiento fracasado basado en la construcción y los servicios. España hoy ofrece muy poco a los españoles. Mañana ofrecerá menos. Esta reforma significa un paso adelante en esa dirección. Y los falangistas nos oponemos, pero también proponemos.
Si queremos recortar el gasto:
-Acabemos de una vez por todas con las subvenciones a partidos, patronal y sindicatos.
-Acabemos con el sangrante sistema autonómico, con el derroche de sus instituciones y con sus duplicidades.
-Acabemos con el fraude fiscal, gravando a las rentas del capital en lugar de a las del trabajo.
Si queremos ser más competitivos:
-Invirtamos en formación y desarrollo, acordes con la potencialidad de nuestras singularidades y no emulando las ajenas.
-Revitalicemos el campo español con un plan de empleo rural moderno, sostenible, imaginativo.
-Conciliemos las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores, haciendo a estos últimos cogestores del edificio común.
-Apoyemos los servicios públicos que apuntalan los vínculos y respetan los derechos de los españoles.
-Incentivemos los cauces de protección y desarrollo de las familias.
En FE-JONS apostamos decididamente por integrar en lugar de confrontar. Medidas como la Reforma Laboral enfrenta a españoles, ahora empresarios contra trabajadores. Nuestro país precisa de unidad cimentada en la justicia.
FE-JONS se opone frontalmente a la Reforma Laboral agresiva y regresiva, contra la reproletarizaciòn a la que pretenden abocarnos los voceros del dogma neoliberal.
FE-JONS conmina a todos los españoles a movilizarse para defender sus derechos. Como personas, como trabajadores, por nuestro futuro
Basta de atropellos ¡Por la libertad de España!
Fuente: Web de FE-JONS (www.falange.es)
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