La Fiscalía recurre la libertad de Usabiaga.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la puesta en libertad bajo fianza de 30.000 euros del ex secretario general del sindicato LAB Rafael Díez Usabiaga, al considerar que el argumento esgrimido por el juez Baltasar Garzón para adoptar esta medida --la necesidad de asistir "por circunstancias humanitarias" a su madre, que le reclamó como "cuidador" acogiéndose a la Ley sobre la Dependencia-- "ha sido artificialmente creada con el fin de eludir una medida cautelar necesaria".

Así consta en un escrito de cuatro páginas redactado por el fiscal Vicente González Mota en el que solicita a Garzón y subsidiariamente a la Sala de lo Penal que revoque el auto que permitió a Díez Usabiaga salir el pasado lunes de la cárcel madrileña de Estremera, en la que se encontraba desde el 16 de octubre de 2009 por un delito de integración en organización terrorista al intentar reconstituir Batasuna a través del proyecto 'Bateragune'.

El escrito del Ministerio Público sostiene que las razones que motivaron el encarcelamiento de Díez Usabiaga "persisten" y añade que resulta "notorio" que el certificado del Ayuntamiento de Lasarte-Oria (Guipúzcoa) en el que se acreditaba que su madre había iniciado los trámites para solicitarle como cuidador se expidió cuando éste ya se encontraba "en prisión preventiva", sin que además se haya "resuelto su concesión".

"El mantenimiento de la medida cautelar no perjudica una relación preexistente de cuidados a un familiar, sino que se sustenta sobre una nueva, y por tanto incierta, relación pendiente de crearse y parece que diseñada tanto para la asistencia del familiar que se acoge a la Ley de Dependencia como para el cuidador al que serviría para eludir la prisión provisional", señala González Mota.

DISCRIMINACIÓN A OTEGI

Tras asegurar desconocer si otros "familiares directos" pueden encontrarse "en mejores condiciones" para prestar la asistencia, el recurso recalca que "por razones de igualdad procesal" las medidas cautelares "no deben suavizarse sin justificación suficiente respecto a quien se encuentra judicialmente en las mismas condiciones que los otros procesados", en referencia al ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, la ex tesorera del PCTV Sonia Jacinto y el ex responsable de Haika Arkaitz Rodríguez, que son citados literalmente por el fiscal.

En marzo pasado, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal acordó mantener en la cárcel a Otegi en el marco de la causa en la que se le juzgará por la presunta subordinación de la formación ilegalizada a ETA, al entender que los problemas de salud de tres familiares que alegó para intentar obtener la libertad provisional es "generalizable a cualquier preso".

En relación con el resto de documentación esgrimida por la defensa de Díez Usabiaga, que es calificada de "notoriamente incompleta", el fiscal recuerda que se presentó un informe hospitalario fechado el 25 de noviembre de 1999 y, por tanto, con una "antigüedad superior a diez años", así como un certificado del padrón del año 2010 conforme al cual no constaba que en su domicilio viviera "cuidador alguno".

De igual modo, rechaza la "inexistencia de indicios de actividad delictiva" argumentada por la defensa y destaca la "relevancia" de la actividad presuntamente desplegada por Díez Usabiaga, al que Garzón procesó el 25 de enero pasado por intentar que una formación sucesora de Batasuna estuviera presente en las elecciones municipales de 2011.

INFORMES QUINCENALES

Garzón dejó en libertad al ex secretario general de LAB con la condición de que le enviara cada 15 días "información sobre el desarrollo del cuidado dispensado a su madre, de él dependiente". Asimismo, le impuso la prohibición de salir del territorio nacional, la retirada del pasaporte y dos comparecencias judiciales por semana en el juzgado más próximo a su domicilio.

Además de Otegi, Jacinto y Rodríguez, están encarcelada por este procedimiento Miren Zabaleta, hija del coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta, candidata de ASB en 2007 y promotora de una página web (Gaztesarea.net) vinculada a Segi.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 impuso fianzas de 10.000 euros a los también procesados Amaia Esnal, José Manuel Serra y José Luis Moreno Sagües, y dejó en libertad sin cargos al histórico miembro de la Mesa Nacional de Batasuna Rufi Etxeberria y Ainara Oiz.

Los diez fueron detenidos el 13 de octubre de 2009 en la sede de LAB de San Sebastián, en el marco de una operación policial que tenía como objetivo desarticular la constitución de una nueva Mesa Nacional de Batasuna.



Fuente: Europa Press (www.europapress.es)