El Frente Nacional insta al ayuntamiento de Santander a que cumpla la ley sobre el empadronamiento de inmigrantes ilegales.

El Frente Nacional ha presentado un escrito al Ayuntamiento de Santander relativo a la ilegalidad del empadronamiento de inmigrantes ilegales. El Frente Nacional ante la negativa del Ayuntamiento de Santander a aplicar la ley y continuar con la práctica ilegal de empadronar ilegales, con la discriminación que ello conlleva para los españoles, le recuerda al Alcalde Iñigo de la Serna que una vez que tienen conocimiento de la presencia de un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular, ya no son libres para tolerar esta coyuntura sin iniciar los procedimientos de retorno tal como expresó la Comisaria de Interior de la Comisión Europea, Cecilia Malmstrom. La comisaria se basa en la directiva europea 2008/115/CE.

Con este escrito el Frente Nacional insta al Ayuntamiento a cumplir la ley y comunicar a la Delegación del Gobierno los datos de aquellos extranjeros que estén empadronados y viven en situación irregular en el municipio de Santander. El Frente Nacional recuerda que las leyes están para cumplirlas y tanto los inmigrantes como los políticos deben de hacerlo. El Frente Nacional no trata de hacer ninguna campaña contra los inmigrantes, sólo pide que estos cumplan las mismas leyes que se pide cumplir a los españoles; desgraciadamente el Alcalde ha demostrado que no tiene ni la voluntad política ni la valentía suficiente para frenar esta discriminación positiva a favor de los inmigrantes.


El Frente Nacional advierte que si la corporación municipal, en la persona del Alcalde, no lo hace, podrá cometer un presunto delito de cooperación necesaria y encubrimiento al no cumplir la ley de extranjería en la cual los ayuntamiento tiene la obligación de hacer llegar al lugar correspondiente el padrón municipal de todos aquellos extranjeros con indicios de ilegalidad. Recordamos que el Articulo 318 bis del Código Penal dice que serán castigados con penas de seis meses hasta tres años las personas que promuevan, favorezcan o faciliten el tráfico ilegal de personas con destino a España, y será más grave para las personas que hagan esto siendo autoridad o funcionario público, pudiendo ser inhabilitados de seis a 12 años.



Fuente: Web del Frente Nacional (www.frentenacional.es)