Hungría intenta acabar con las reminiscencias del comunismo. - La Nación Digital

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martes, 7 de febrero de 2012

Hungría intenta acabar con las reminiscencias del comunismo.

El 1 de enero de este año entró en vigor la nueva constitución de Hungría, la primera después de la caída del comunismo, con la que intenta poner fin a esa negra etapa del pueblo húngaro.

De entre las cuestiones a las que se refiere la nueva Carta Magna destacan las que tratan del Banco Central, la Justicia, la ley electoral, además de invocar la bendición de Dios sobre el país, el reconocimiento dentro de los derechos humanos a los valores cristianos, la dignidad de la familia, el matrimonio del hombre y la mujer, el trabajo y la protección de las pequeñas empresas, entre otros temas. Declara también la ilegitimidad del comunismo y califica de organizaciones criminales al Partido Socialista Húngaro y sus antecesores.

Uno de los asuntos más controvertidos es el de la independencia del sistema judicial. La nueva constitución crea una Autoridad Central Judicial y dispone que los jueces sean nombrados por el Parlamento. Paralelamente el gobierno dispuso la jubilación forzosa de todos los jueces mayores de 62 años con lo cual cesaron unos 250, muchos de los cuales hicieron su carrera durante el comunismo.

No es extraño que con esta plataforma, al día siguiente varios movimientos de izquierda, herederos del comunismo, partidarios y/o partidarios de principios relativistas (por llamarlos de alguna manera) protestaran por las calles de Budapest.

Pocos días después, la Comisión Europea, a impulsos sin duda de los socialistas y de algunos “verdes”, aunque sin atacar directamente la nueva carta magna, conminó al primer ministro húngaro Viktor Orban a efectuar algunos cambios por no ajustarse algunas normas constitucionales al derecho europeo.

José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión, exigió en particular modificaciones en materia del funcionamiento del Banco Central, del control de los datos personales y de la independencia del sistema judicial.

A fines de enero, ante las presiones de las autoridades, del Parlamento europeo y la aclaración de que aquellas condicionarían el otorgamiento o no de fondos por parte de la UE y del Fondo Monetario Internacional, Orban tuvo que acceder a negociar.

El semanario The Economist cita a algunos dirigentes de partido de gobierno que precísamente se preguntan por qué la UE adopta tal actitud con Hungría y no se interesa por el lamentable estado de la justicia en otros países como Rumanía o Bulgaria.

Por su parte el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Janos Martony, recuerda en una entrevista que en la historia de la Unión Europea siempre existieron problemas entre las autoridades de Bruselas y los Estados miembros. Pero no comprende los comentarios frívolos acerca de presuntas violaciones en su país de derechos humanos y de valores europeos, salvo que existan motivaciones emocionales y políticas.


Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)

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