La reforma financiera del Gobierno bascula sobre tres grandes objetivos: sanear la Banca para que dé crédito, saque al mercado sus pisos a precios baratos y se forjen entidades más grandes, solventes y rentables. No se puede imponer por ley financiar o vender casas, pero sí incentivarlo con nuevas exigencias. La más clara es que la Banca en su conjunto tendrá ocho meses, hasta final de 2012, para protegerse ante quebrantos en el ladrillo generando una hucha de 50.000 millones de euros. Si necesitan tiempo adicional para digerir el esfuerzo que les corresponda en saneamiento, podrán fusionarse y obtendrán un año más, pero a cambio de cumplir un ramillete de condiciones.
Y es precisamente ahí donde el Gobierno impone desbloquear el crédito y el mercado de la vivienda de manera directa. A las entidades que aspiren a tener el doble de tiempo para sanearse a través de una fusión, les exigirá “un objetivo cuantificado de incremento de crédito a las familias y pequeñas y medianas empresas” y “un plan de desinversión de activos relacionados con riesgos inmobiliarios” durante los tres ejercicios siguientes a su unión. Así lo establece el Real Decreto de la Reforma Financiera aprobada el viernes en Consejo de Ministros y en vigor desde su publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Demanda solventeEl ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, admitió esta semana la dificultad de obligar al sector financiero a prestar dinero si la demanda no es solvente. Defendió que el objetivo inmediato es crear grupos sanos y rentables que estén en condiciones de financiar. Pero garantizó que, como mínimo, exigirán a las entidades que busquen facilidades para sanearse vía fusiones un “mantenimiento” del crédito –hoy cae a ritmos de entre el 5% y 10% según entidades–.
Los expertos dudan de que la reforma por sí sola haga fluir el crédito mientras que la economía no se recupere, los clientes que los demanden sigan sin ofrecer garantías suficientes de devolución del préstamo y las exigencias de capital y provisiones continúen devorando los escasos recursos de la Banca.
Y es que el colchón de provisiones que deben acumular las entidades puede rozar los 7.700 millones de euros en algún caso cuando la crisis dificulta de manera extraordinaria la obtención de ingresos y generación de beneficios. Ahorro Corporación calcula que los primeros ocho grupos bancarios necesitarán más de 26.000 millones en provisiones para cumplir con el saneamiento impuesto, según informa Europa Press. De acuerdo a sus cálculos, la reforma financiera exigirá dotar 7.646 millones extras en BFA-Bankia y 5.371 millones en La Caixa-CaixaBank. Le seguiría BBVA en volumen, con 3.998 millones; el Santander, con 2.959 millones (excluye otros 1.609 millones en Banesto) y el Popular-Pastor, con 3.420 millones.
Calendario de fusiónLas entidades que se fusionen y quieran facilidades tendrán hasta el 31 de mayo para presentar su proyecto –objetivos de crédito y venta de inmuebles incluidos– ante la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. Y corresponderá al Ministerio de Economía y Competitividad valorar y aprobarlo en el siguiente mes.
No será lo único que evalúe y controle Economía. El ministerio se reserva la última palabra en el juego de poderes en las entidades que se planteen una fusión. Según el Real Decreto, valorará “los acuerdos marco o protocolos” que pacten las entidades. Y lo hará de forma especial en aquellos donde se atribuya a alguna de ellas “un grado de control superior al que le corresponda a su participación en la entidad resultante, pudiendo condicionarse la autorización a la introducción de las oportunas modificaciones en los mismos”. Es decir, Economía será especialmente vigilante cuando una de las entidades de la fusión adquiera más poder del que le correspondería por el porcentaje de negocio o activos que aporta al grupo resultante.
Equilibrio de poderEn la práctica, estar mejor saneada y capitalizada ha sido un plus para obtener cuota en el reparto de poder en las fusiones de Cajas y el Banco de España ha promovido que sus gestores liderasen el grupo resultante.
El Gobierno ha rescatado el antiguo Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para facilitar la digestión del ladrillo a las entidades que lo necesiten, bajo la condición de que se fusionen. Sin embargo, los bancos o antiguas cajas que apelen a sus fondos deberán devolverlo lo antes posible o, como máximo, antes de tres años, dos menos de los que otorgó el FROB en su versión original de 2009. Si no devolviesen el dinero en tiempo y forma, el Estado nacionalizaría parcialmente la entidad y vendería posteriormente las acciones en un proceso competitivo.
Las entidades que reciban un crédito del organismo tendrán que presentar un plan de recapitalización, con compromisos específicos de mejora de eficiencia. Se les exigirá reducir su administración y gerencia y de redimensionar su capacidad productiva (oficinas).
Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)
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