La portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, avanzó en rueda de prensa el respaldo de su grupo a esta reforma, aunque también reclamó la creación de una subcomisión sobre fusiones dependiente de la Comisión de Economía para controlar que las fusiones se hacen con "criterios de eficacia" y "garantizando la viabilidad de las entidades resultantes", así como que el crédito llega a la economía real.
Por su parte, el responsable de Economía del PSOE, Valeriano Gómez, también pidió que se establezcan objetivos de crecimiento de crédito "transparentes y evaluables" en todas las fusiones y que se vigilen los indicadores de competencia, la deuda bancaria y el uso que se hace de los recursos públicos destinados a financiar este proceso.
LA CONVERSIÓN EN FUNDACIONES PREOCUPA A CIU y PNV
Sin embargo, el apoyo de los partidos nacionalistas catalán y vasco no está garantizado, pese a que sus portavoces se habían manifestado a favor de las líneas generales del decreto ley. Su duda se refiere a la introducción de un artículo que podría convertir en meras fundaciones a las cajas que perdiesen el control de al menos el 25 por ciento de la entidad financiera en la que se integren.
Así, fuentes del PNV han indicado a Europa Press que "se baraja votar en contra" si el Ejecutivo no se "compromete públicamente" a cambiar este punto en el desarrollo normativo del decreto ley para que las fundaciones se rijan por la legislación territorial del lugar donde estén radicadas esas cajas. En caso de que el Gobierno se aviniera a aceptar las reclamaciones vascas se apoyaría la convalidación.
De hecho, el presidente del partido, Íñigo Urkullu, ha alertado de que la reforma "invade competencias" autonómicas en lo que respecta a su cambio a fundaciones, y también ha reclamado que en el desarrollo reglamentario del decreto no se equipare a las entidades que no han sido transparentes y solventes con las que sí lo han sido como es el caso, a su juicio, de las cajas vascas.
En las filas de CiU se respira del mismo modo. Fuentes del Grupo han señalado a Europa Press que aún no se ha decidido el sentido de voto, a la espera de qué se resuelve con respecto a las fundaciones.
En cualquier caso, el portavoz de Economía, Josep Sánchez Llibre, manifestó la semana pasada su acuerdo con la generalidad de la norma, aunque también puso de manifiesto su "preocupación" por un modelo de saneamiento basado en las fusiones, porque la creación de grandes entidades podría conllevar "serias dificultades para la solvencia del sistema financiero español" si en el futuro tienen problemas.
Además, también avanzó que en los próximos dos o tres años el proceso de saneamiento del sector dificultará la llegada de crédito a empresas y familias, por lo que pidió al Gobierno que convierta el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en "un banco público orientado única y exclusivamente a financiar a las pymes y a los autónomos".
En cuanto a Coalición Canaria, su portavoz parlamentaria, Ana Oramás, opina que la reforma "va en la buena dirección" aunque duda de que vaya a suponer una "apertura de crédito a empresas y particulares".
RECURSOS INSUFICIENTES
Por su parte, el grupo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha expresado su rechazo a esta reforma financiera, ya que considera que los 50.000 millones de euros adicionales serán "insuficientes" para respaldar unos activos tóxicos que podrían superar los 200.000 millones.
Además, el portavoz económico del grupo, Alberto Garzón, también señaló que estas nuevas provisiones detraerán crédito para la economía real, lo que hará que el negocio bancario "se mueva más hacia los mercados internacionales que hacia la economía local".
La Izquierda Plural rechaza asimismo las fusiones entre cajas, porque supondrán primero "pérdida de empleo" y, después, "desconectarán a las entidades financieras del territorio en el que se inscriben". Además, abogan por abrir una comisión de investigación para "examinar las responsabilidades" que puedan existir en la gestión de las cajas de ahorros españolas, algunas de las cuales han tenido que ser intervenidas.
En la misma línea, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, anunció que en el debate de convalidación de la reforma solicitará una comisión de investigación para "depurar responsabilidades políticas y penales, si las hubiera", en la crisis de las cajas de ahorros.
En cualquier caso, la formación magenta no ha adelantado el sentido de su voto, si bien su portavoz económico, Álvaro Anchuelo, expresó su duda sobre la suficiencia de la cantidad consignada para respaldar los bienes inmobiliarios de los bancos, y alertó de la posibilidad de que esta medida extienda los problemas a otros tipos de crédito más allá de las hipotecas.
Además, reprochó al ministro de Economía, Luis de Guindos, que su anuncio de que la reforma reducirá los precios de la vivienda un 30 por ciento provocará una congelación de las ventas de vivienda y también empobrecerá a las familias españolas, que tendrán hipotecas claramente más altas que el precio real de sus hogares. El diputado también coincidió en que la reforma provocará, en el corto plazo, una restricción del crédito.
Sin embargo, Anchuelo también aplaudió la inclusión de medidas para simplificar las estructuras de gobierno de las cajas que ceden su negocio a los bancos, si bien reclamó un proceso de despolitización de estas entidades. Asimismo, propuso que la Fiscalía del Estado intente recuperar parte de las indemnizaciones otorgadas a quienes "han hundido" las cajas y han salido de ellas con "fuertes" compensaciones.
El portavoz económico de Amaiur, Rafael Larreina, ha avanzado en declaraciones a Europa Press el voto en contra de su formación, tras haber criticado que se centra la respuesta a la crisis en "resolver los problemas de quienes la han generado" y ha expresado su preocupación por la reducción en el número de las cajas, pidiendo al Gobierno que 'blinde' el carácter público de estas entidades.
HUCHA DE 50.000 MILLONES
La reforma financiera que se convalidará en el Pleno del Congreso obligará al sector financiero a reforzarse antes de final de año con una 'hucha' de 50.000 millones de euros para respaldar los activos vinculados al ladrillo.
En la reforma se incluye también la posibilidad de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) contribuya al saneamiento de las entidades en proceso de fusión a través de la compra de bonos contingentes convertibles (cocos), para lo cual el Tesoro ampliará el capital del organismo hasta los 15.000 millones.
De Guindos ha explicado que el objetivo de la reforma es garantizar un mejor acceso de las entidades de crédito a los mercados capitales y, por ende, más crédito para familias y pymes; facilitar la salida al mercado de los activos inmobiliarios y un consiguiente abaratamiento de la vivienda; y un proceso de fusiones que dé lugar a menos entidades pero más eficientes y solventes, y con mejores estándares de gobierno corporativo.
El real decreto ley también recoge nuevas regulaciones sobre las remuneraciones de los consejeros y directivos de las entidades que han recibido ayuda del FROB.
Fuente: Europa Press (www.europapress.es)
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