El número tres de Alfredo Pérez Rubalcaba en su etapa como ministro del Interior tiene problemas con la Justicia. Francisco Javier Velázquez, director general de la Policía y la Guardia Civil entre 2008 y 2011, acaba de ser imputado por los presuntos delitos de prevaricación y coerción de derechos cívicos. Y es que la titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, Belén Sánchez, ha admitido a trámite la querella interpuesta por la Unión de Oficiales (UO) de la Benemérita contra Velázquez. El motivo de la denuncia era que este había impedido que las asociaciones contasen con sus legítimos representantes en la Asociación Pro Huérfanos del Instituto Armado.
En un auto que firmó el pasado 31 de enero, la magistrada cita a declarar al ex mando único de Policía y Guardia Civil el próximo 8 de marzo a las 10 de la mañana. Asimismo, Belén Sánchez abre diligencias para averiguar si Velázquez cometió o no los delitos de los que le acusa la Unión de Oficiales (UO). Y, respecto a varias diligencias solicitadas por la asociación, la juez prefiere esperar a interrogar al imputado antes de tomar una decisión.
El 20 de junio del pasado año, la UO anunció e interpuso una querella criminal contra Velázquez por haber impedido la presencia de los vocales del Consejo de la Guardia Civil se integrasen en el órgano de gobierno de la Asociación Pro Huérfanos. Al día siguiente, la Dirección General de Policía y Guardia Civil emitió un comunicado para defender la conducta de Velázquez porque, según afirmaba el texto, los estatutos no se habían adaptado para la participación de estos vocales, a lo que la UO respondió con otra nota en que acusaba de “mentir” a Interior.
Guerra de notas aparte, la juez ve ahora indicios de delito en la gestión de Velázquez (por ello le imputa y le interrogará) sobre la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil.Esta asociación tiene un órgano de gobierno que, según su propio reglamento, debe estar formado por 20 miembros. Fuentes del Instituto Armado explican que “aunque a priori el director general de la Benemérita es sólo presidente honorífico de la Asociación Pro Huérfanos, en el fondo la controla absolutamente”.
Y es que el máximo responsable de la Guardia Civil nombra directamente al presidente y vicepresidente del órgano de gobierno de la asociación. Además, la mayoría de los vocales de la misma necesitan también el visto bueno del director general. Y, para colmo, este también tiene la última palabra acerca de los vocales procedentes del consejo de la Benemérita. Es decir, cuando era número tres de Interior, Velázquez tenía de facto el control sobre la asociación.
La Asociación Pro Huérfanos maneja un presupuesto anual “que oscila entre 23 y 24 millones de euros”, según las citadas fuentes. Ese montante proviene en gran medida del sueldo de los agentes de la Guardia Civil. Y es que a todos ellos se les descuenta obligatoriamente un 1% del salario, que se destina a los huérfanos.
Ayer, LA GACETA se puso en contacto con los denunciantes para que valorasen la decisión judicial. “Denunciamos esta situación porque, tras mucho pensarlo, la única explicación que encontramos a que se vete nuestra presencia en la Asociación Pro Huérfanos es impedir que fiscalicemos y controlemos sus gastos”, indica el portavoz de UO, Jesús Martín Vázquez.
También afirma que “nos alegramos de la decisión judicial, pero no porque se impute a Velázquez, sino porque así se dan los pasos para que la Asociación Pro Huérfanos se dedique a lo que debe dedicarse”. “Los huérfanos de la Guardia Civil –agrega– no son un negocio, son nuestra responsabilidad y nuestro mejor tributo”. Igualmente destaca que “los gobernantes deben ser exquisitos a la hora de manejar los fondos públicos”. Y, por último, invita a otras asociaciones a sumarse a su querella contra Velázquez, buen amigo de Rubalcaba.
Fuente: La Gaceta (www.intereconomia.com)
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