Así lo ha manifestado la acusación en la séptima sesión del juicio abierto contra el juez de la Audiencia Nacional, suspendido cautelarmente de sus funciones desde mayo de 2010, una vez concluidos los interrogatorios de los trece testigos que han coincidido en que la investigación del juez Garzón era la única opción existente para obtener Justicia.
El abogado de Manos Limpias Joaquin Ruiz Infante ha modificado alguna cuestión "puntual" que, ha dicho, respeta su escrito de acusación anterior. En concreto, en la presentación de su informe final se ha centrado en la querella contra Santiago Carrillo por los fusilamientos de Paracuellos del Jarama que fue archivada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 apelando a la Ley de Amnistía de 1997.
A su entender, al admitir las denuncias de las víctimas por las desapariciones del franquismo y dar lugar a "una causa general contra personas indeterminadas, no identificadas" y "notoriamente fallecidas", Garzón fue "plenamente consciente" de que esta nueva actuación vulneraba tanto las normas como sus "propios actos".
En este sentido, el letrado ha sostenido el acusado "conscientemente" se apartó de la legalidad dictando esa resolución "a sabiendas" y omitió cualquier pronunciamiento sobre su competencia, siendo consciente además de que el Ministerio Fiscal había advertido sobre la irretroactividad de los delitos de genocidio y lesa humanidad. "El acusado era plenamente consciente de esos principios".
Los "escollos" a los que se enfrentaba el juez de la Audiencia Nacional se basaban además en los límites legales que la Fiscalía, su mismo juzgado bajo un magistrado sustituto y la Sala de lo Penal sostuvieron al declarar la incompetencia de este órgano jurisdiccional. "Él realiza su propósito de infringir la legalidad y las normas sobre su competencia", ha agregado.
De este modo, ha advertido de que el juez imputado "intentó dar una apariencia lógica" para abrir un procedimiento "de tal significación" y contrario a "los principios más fundamentales del ordenamiento jurídico". Además, el abogado ha solicitado incluir en las actuaciones que las denuncias de las víctimas habían sido en muchos casos archivadas por los juzgados competentes con anterioridad.
La acusación, que comparte representación letrada, ha mantenido este miércoles su petición de imponer a Garzón la pena de 24 meses de multa, a razón de 30 euros al día, así como de 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, y con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o funciones jurisdiccionales fuera del mismo, así como al pago de las costas procesales producidas incluidas las de la acción popular.
QUERELLA DE PARACUELLOS COMO "ELEMENTO CENTRAL"
La defensa del juez, ejercida por el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, también ha elevado a definitiva su petición de absolver a su representado y archivar el procedimiento.
Pero además, ha reprobado que Manos Limpias coloque como "elemento central" de su acusación la querella de Paracuellos del Jarama, un antecedente que "quedó deliberadamente fuera del objeto de este juicio". "Vulnera el principio acusatorio y desborda el marco de este procedimiento", ha apostillado.
El fiscal Luis Navajas se ha apartado de este posicionamiento al considerar que esta cuestión ya fue resuelta en el día de ayer por la Sala, cuando admitió que se trataba de parte de la prueba documental y consentir que fuera leída durante la vista.
Por ello, ha alegado que la referencia a esta querella "no modifica el principio acusatorio". Con todo, ha reclamado a los siete magistrados del tribunal que absuelvan al acusado y declaren la nulidad de las actuaciones.
Concluida la prueba testifical, la documental culminó el martes con la entrega de más de 60 resoluciones y documentos emitidos por instancias internacionales sobre la investigación de desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad, y con la lectura del auto en el que el juez apelaba a la Ley de Amnistía de 1977 para rechazar una querella contra Santiago Carrillo por los fusilamientos de Paracuellos del Jarama.
El ponente de la sentencia que se dicte por este caso será el magistrado Andrés Martínez Arrieta. Completan la Sala los magistrados Carlos Granados (que preside la vista), Perfecto Andrés Ibáñez, Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano Soriano, José Manuel Maza Martín y Miguel Colmenero Menéndez de Luarca.
Se trata del segundo proceso por el que el juez Baltasar Garzón se sienta en el banquillo del alto tribunal para enfrentarse a una posible expulsión de la carrera judicial, sin todavía conocer la sentencia sobre la causa abierta por autorizar la intervención de las comunicaciones entre los de la trama 'Gürtel' con sus abogados en prisión.
Además está pendiente de saber si el Supremo le abre juicio oral por la causa de los cobros de la Universidad de Nueva York, donde impartió varias conferencias sobre terrorismo entre 2005 y 2006.
Fuente: Europa Press (www.europapress.es)
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